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«Nosotros estamos de acuerdo en que es necesario fomentar el transporte en el área metropolitana. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Creamos el foro de ciudades. Lo hemos reivindicado a la Junta. Que se cree una autoridad de transporte metropolitano como en Barcelona o como en Valencia y liderarla nosotros. Vamos por delante de ustedes. No somos tibios». Son palabras de Trinidad Hernández, la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga durante el pleno de marzo durante una iniciativa del propio PP que, en realidad se centraba en los atascos en los accesos a Málaga.
Las palabras de Hernández eran una respuesta al concejal socialista Jorge Quero que, además, le había sacado a colación unas declaraciones del alcalde de Alhaurín (PP), Joaquín Villanova, durante un foro de SUR esta semana. El edil del PSOE leyó literalmente: «El transporte en el área metropolitana no funciona. Hay mucho egocentrismo en Málaga capital. Incluso allí no es lo mismo el Centro y la periferia. Para mandar a la gente a vivir al interior hace falta poner más transporte. No puede ser que tengamos los alcaldes que poner dinero para aumentar las líneas interurbanas, que están muy limitadas por el sistema de concesiones. La Junta de Andalucía tiene que poner más dinero. Aquí hemos puesto tres o cuatro líneas en marcha, cada una con un coste de 500.000 euros».
«Estamos a favor de invertir en transporte metropolitano y está demostrada nuestra voluntad política y técnica», insistió Hernández.
En todo caso, en esta cuestión subyacen varias claves. La primera es que el nuevo mapa concesional de líneas interurbanas está siendo objeto de un estudio en profundidad para su rediseño. Es un gran contrato impulsado por la Consejería de Fomento de la Junta pero tardará cinco años. Al menos, recientemente se resolvió la cuestión de las concesiones caducadas, lo que otorgaba una gran inseguridad jurídica a los operadores.
La segunda clave es que en la gestión de acuerdos entre operadores privados y públicos subyacen siempre fricciones y desacuerdos, que, de puertas hacia adentro, algunos gestores y responsables políticos verbalizan.
En todo caso, y tercera clave, la movilidad metropolitana descansa ahora en el Consorcio de Transportes, que incluye bus interurbano, urbano, metro y, desde otoño, el Cercanías en su tarjeta verde (integración tarifaria).
Los flecos legales de prestar servicios fuera del municipio no son sencillos y, de hecho, han salido ya a relucir con la gestión de futuras infraestructuras como la depuradora Norte. La fórmula legal para que Emasa la administre para cinco municipios no es sencilla, aunque sí lo es la prestación de servicios puntuales en materia de abastecimiento o depuración de manera bilateral. Tanto en el caso del agua como del transporte, cada municipio los tienes planteados de manera muy diferente, con la coexistencia de mancomunidades, operadores públicos y privados.
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