Artillería judicial para frenar el proyecto de la depuradora en la Vega Mestanza de Alhaurín de la Torre

El letrado se basa en que las obras se quieren ejecutar en un terreno inundable, por lo que, como sostiene, directamente, contraviene a la Constitución, no puede seguir adelante, a su juicio, al no respetar tampoco la Ley de Aguas y el Reglamento Hidráulico. Con este planteamiento, la batalla legal se libra en varios frentes: alegaciones al proyecto presentado por la Administración autonómica, a pesar de que, como han precisado, ha sido reformado; ampliación de la denuncia penal, ya presenta en su momento contra altos cargos de la Junta, y admitida a trámite, en abril de 2022, y ahora, también contra la exconsejera de Agricultura, Carmen Crespo, así como técnicos y contratistas, al entender, como ha dicho, que se ha cometido «prevaricación», al propiciarse avances en unos trámites que no se ajustan a derecho.

El abogado, del mismo modo, apuntó a que se ha solicitado la declaración de la vega como Bien de Interés Cultural y que se recurrirá a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude e, incluso, a la Organización de Naciones Unidas, además de dar parte al Ministerio para la Transición Ecológica. Toda esta andanada legal e institucional, más otras en mente, tiene, como propósito, lograr el asidero jurídico que permita atascar la burocracia de la EDAR.

La obra ya fue adjudicada, en octubre de 2021. Esta planta acabará con los vertidos residuales al río Guadalhorce al tratar la carga contaminante de Alhaurín el Grande y Cártama, además de liberar la estación del polígono Guadalhorce de la capital al recibir los vertidos de Alhaurín de la Torre y barriadas malagueñas de Santa Rosalía, Maqueda, Santa Águeda, Castañetas y Campanillas, así como el desarrollo futuro de Norte y Oeste de la capital.

El acto en el que se ha dado a conocer estos nuevos movimientos judiciales ha tenido como escenario el paraje bautizado como 'Balcón de la Vega de Mestanza', en la calle Salvia de Alhaurín de la Torre, con una importante presencia vecinal, con miembros de la asociación de vecinos 'Mestanza y Lomas de Cantarrana', que es la que sustenta las acciones legales, y una importante presencia de cargos del Partido Socialista, con el portavoz en la Diputación, Josele González, junto a otros socialistas de la Corporación Provincial, y concejales de esta fuerza en el Ayuntamiento alhaurino, como David Márquez y Patricia Alba, además de representantes de otros municipios, como Alhaurín el Grande. Cabe recordar que el propio líder andaluz del partido del puño y la rosa, Juan Espadas, pidió a la Administración andaluza que reconsidere la ubicación de esta estación depuradora.

El argumento para poner en marcha esta infraestructura es que, tal y como ha apuntado la Junta, permitirá favorecer los 735.000 habitantes de los cinco municipios que componen la Aglomeración Urbana de Málaga, al evitar el vertido anual de 5,9 millones de metros cúbicos de contaminación orgánica al cauce del río Guadalhorce. De forma paralela, su construcción y puesta en marcha también hará posible cumplir con la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, directiva que se viene incumpliendo desde 2000. Por tal motivo, Andalucía está pagando sanciones millonarias, ya que cada semestre tiene que abonar una multa de 634.000 euros hasta su puesta en marcha. A preguntas de los periodistas, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, a finales de abril, aseguró que el proyecto ha superado los trámites para obtener la Autorización Ambiental Unificada favorable, lo que implica una tramitación «rigurosa y exhaustiva», no sin admitir que el proyecto había sido revisado, «puesto que la ciudad de Málaga lo necesita» y con el fin de cumplir con la obligación de depurar las aguas residuales.

Frente a este razonamiento, los vecinos de Mestanza, junto a los del núcleo vecino de Loma de Cantarranas, pusieron en marcha una plataforma que pide otra alternativa menos dañina, en lugar de la construcción de la anunciada depuradora. Más que el perjuicio económico que puede suponer a muchos de ellos la pérdida de treinta hectáreas y más de diez mil árboles de cítricos, lamentan otros daños que supondrá esta infraestructura, como aumentar el peligro de inundación, lo que pondría en riesgo las viviendas y podría tener consecuencias dramáticas, como dijo Juan Sánchez Mestanza, que ya recordó que esta vega sufrió inundaciones con víctimas mortales a finales del pasado siglo XX. Entre las acciones que han puesto en marcha, están la de enviar cartas al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, o el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.