Kate Middleton reaparecerá el 31 de marzo en la misa del Domingo de Resurrección

Mientras tanto, la agencia estatal británica Oficina del Comisionado de Información (ICO), que supervisa el cumplimiento de la ley de protección de datos, ha confirmado que ha recibido un informe sobre una infracción en la London Clinic y que está evaluando la documentación. La Policía de Londres habría recibido también información sobre el acceso a la ficha de la princesa de Gales, según la secretaria de Estado de Sanidad, Maria Caulfield.

La clínica ha emitido un comunicado «en respuesta a una reciente cobertura de los medios», en el que subraya los principios éticos que se aplican en su prestigioso establecimiento, y se compromete a «dar todos los pasos apropiados de investigación, de cumplimiento de las regulaciones y disciplinarios, en el caso de una infracción». «No hay lugar en nuestro hospital para quienes quiebran intencionadamente la confianza de cualquiera de nuestros pacientes y colegas», concluye el comunicado.

Son tres los empleados de la clínica a los que se achaca la posible quiebra de privacidad, según el 'Mirror', que desveló la noticia y obtuvo nuevas exclusivas. El miércoles se describía lo ocurrido como un intento de acceder a la información registrada sobre Middleton- no habrían mostrado interés por la del rey Carlos III- pero el comunicado de la ICO se refiere a una infracción. Habría sido cometida después de que la princesa fuese dada de alta, el 29 de enero.

Un intento fallido por personal sanitario de acceder a los datos de pacientes a los que no está atendiendo podría ser castigado con el despido de la clínica y probablemente con la expulsión de la profesión por los colegios que les representan. La agencia ICO solo analiza infracciones de diversas leyes, incluida la de protección de datos. Sus castigos son en su mayoría reprimendas. Algunos casos graves han culminado con multas.

Una fuente anónima dice al 'Mirror' que no se puede descartar que la investigación de la ICO pueda llevarse a cabo en paralelo con la de la Policía Metropolitana, que no ha reconocido aún el recibo de una denuncia. Una investigación policial sería significativa si los tres supuestos autores de la quiebra de confidencialidad habrían obtenido los datos. Distribuir la información para beneficiarse o un chantaje son delitos graves.