Los carteros comienzan a entregar las primeras citaciones a los 543.060 miembros de mesa

La formación de las mesas corresponde a los ayuntamientos, bajo la supervisión de las juntas electorales de zona (JEZ). Se hace «mediante sorteo público utilizando cualquier procedimiento aleatorio o mecanismo al azar».

El sorteo, por ley, se realiza entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria. O sea, que dado que el BOE publicó el martes 30 la convocatoria, los sorteos se están celebrando entre el 24 de junio y el 28 de junio. Sin embargo, la Junta Electoral Central (JEC) acordó permitir a los ayuntamientos adelantar esos sorteos desde el jueves 22 de junio, siempre que estuviesen preparados los censos electorales correspondientes.

A los designados miembros de mesa por el pleno municipal, se les notifica su condición durante los tres días siguientes al sorteo, por lo que las temidas cartas comenzaron a llegar hoy a vecinos de los municipios más madrugadores en el sorteo, como Madrid o San Sebastián (que hicieron el sorteo el pasado jueves) u Oviedo o Valladolid (que llevaron a cabo el sorteo el viernes).

Las cartas serán entregadas por el cartero o un agente de policía, que, ante la ausencia del vecino, podrá dejar la notificación en el buzón.

Oficialmente, el plazo para recibir las notificaciones acaba el 1 de julio para los municipios que apuren el plazo del sorteo hasta el último día hábil para el mismo (28 de junio), pero la ley electoral especifica que la recepción tardía de esa carta no exime en modo alguno de la obligación de acudir a la mesa.

Al margen revisar el buzón de manera periódica estos días, son pocas las opciones de conocer la designación. La ley no obliga a los municipios a publicar los resultados de los sorteos para las mesas, aunque algunos pocos ayuntamientos han habilitado herramientas para que sus vecinos conozcan cuanto antes si han sido llamados.

Tras recibir notificación, los miembros designados dispondrán de siete días para presentar alegaciones a las juntas electorales de zona. Dado que la inusual fecha de estos comicios, la Junta Electoral Central (JEC) ha establecido que podrán librarse las personas que puedan demostrar de formar fehaciente que contrataron vacaciones antes de la fecha de la convocatoria oficial de las elecciones (30 de mayo) y siempre que la cancelación suponga un perjuicio económico grave.

Hacer caso omiso a la citación puede conllevar multas y antecedentes penales. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, recoge en su artículo 143 de delitos por abandono o incumplimiento en las mesas electorales que «el presidente y los vocales de las mesas electorales, así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses».

El Código Penal detalla en el artículo 50 que «la cuota diaria tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 400 euros». O sea, que en teoría el mínimo de multa sería 360 euros repartidos en seis meses o 288.000 euros repartidos en dos años. No obstante, la práctica habitual es una multa entre 4 y 15 euros diarios durante seis meses por lo que la multa 'tipo' está entre 720 y 2.700 euros, aunque no es extraño encontrarse con sanciones superiores a los 5.000 euros.