Adelante Andalucía destinaría un 2% del PIB a servicios sociales, que aumentaría en 700 millones la inversión

Así se han pronunciado ambos en Puente Genil (Córdoba), hasta donde se ha desplazado la confluencia en la penúltima jornada de la campaña electoral y donde, arropados por el coordinador general de IU, Alberto Garzón, han mantenido una reunión con la asociación Disgenil. En este marco, Rodríguez ha defendido que «hay que cuidar muchísimo a las entidades sin ánimo de lucro que con dedicación plena, voluntarismo y sin cobertura de la administración pública están atendiendo personas que necesitan una atención especial«, de modo que hay que «premiarlos» con los presupuestos porque «es necesario dejar de cargar sobre las espaldas de los trabajadores de atención a la discapacidad y las organizaciones el peso de una responsabilidad que es pública y social«.

Para conseguir los fondos, blindarían con un dos por ciento del PIB este sector, lo que supondrían «700 millones más para dependencia y política de autonomía personal«; además de hacer cumplir »con criterio de mínimos« el acuerdo del sistema de financiación autonómica acordado en el Parlamento andaluz, además de hacer cumplir lo que establece el Estatuto de Autonomía en la disposición adicional tercera y la dotación correcta de los fondos de compensación territorial. Por eso, «llamaríamos a la puerta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reclamarle que cumpla lo mismo que reclamaba como consejera andaluza, lo que a esta tierra corresponde para dar una atención digna«.

De su lado, Maíllo ha señalado la «nefasta gestión» de Susana Díaz con la dependencia, que causa «efectos contraproducentes a la defensa de los servicios públicos». «Mientras la educación y la sanidad tienen una fortaleza en infraestructuras públicas, la dependencia y lo relacionado con los servicios sociales se ha instalado una mercantilización donde en una cadena de precariedad los costes de plazas que se dan desde la administración pública condiciona y precariza las condiciones laborales y del servicio«, ha agregado. El también coordinador general de IULV-CA ha explicado que hacerlo es posible »con una política fiscal andaluza adecuada y progresiva y con la aplicación de un sistema de financiación autonómica que nos dé lo que nos corresponde«.

El programa de Adelante Andalucía recoge, respecto a los servicios sociales, además de garantizar por Ley un suelo mínimo de inversión del dos por ciento del PIB andaluz, exigir al Gobierno central que se haga cargo del 50 por ciento de los gastos en dependencia, «independientemente del color político del gobierno de turno en la Moncloa».

También quiere la confluencia que se apruebe un plan de choque que permita poner fin a la lista de espera de las personas que han solicitado las ayudas previstas en la Ley de la Dependencia, incrementándose la financiación, la coordinación y distribución de los medios materiales, personales implementando nuevos modelos de gestión más ágiles, y desarrollar el sistema de atención a personas dependientes, aumentando las plantillas de trabajadores y aumentando las plazas en centros públicos para personas mayores. Entretanto, también apuesta por la Atención a Domicilio, y que ésta sea cien por cien pública.

En materia de vivienda, Rodríguez ha señalado la necesidad de preservar un 30 por ciento de la vivienda que se construye a vivienda pública «en alquiler social para cubrir el déficit que a día de hoy hay acerca del acceso a la vivienda para sectores vulnerables, como los jóvenes o las personas con pensión no contributiva«. Ha defendido que la gestión de la vivienda pública »es francamente mejorable« y ha apostado por gestionarla »con más transparencia«, así como poniendo en marcha leyes ya defendidas en esta legislatura como la de las titularizaciones, »clave para parar los desahucios«, y también ejecutar la ley sobre la utilidad público del suelo y la vivienda »para poder sancionar a los grandes tenedores de vivienda, entidades financieras y fondos de inversión«.