El Gobierno abre la puerta a una presión fiscal mayor sobre la vivienda

El aumento de los ingresos por impuestos –un 8,5% en el caso del Estado en el primer trimestre, hasta 40.731 millones de euros– lo puede lograr la propia mejora de la actividad económica –el PIB cerró marzo creciendo a una tasa anualizada del 2,9%–, pero probablemente sea empujada también con más medidas tributarias. Y aquí puede dar igual la Administración que las lleve a cabo, el caso es que termine contribuyendo a aligerar el déficit total.

En esta línea puede encuadrarse una de las medidas que el Ejecutivo ha comprometido ante la UE en el Programa Nacional de Reformas de España, referida a la implementación de una nueva fórmula para valorar los inmuebles. Este cambio ya está en la 'letra pequeña' de su proyecto de Presupuestos del Estado para 2018, ahora en el Congreso.

En concreto, en su disposición final número 18 se señala que la Dirección General del Catastro «estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes» en el propio registro, «su valor de referencia de mercado». Y este, continúa, será «el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos –notarios y registradores de la propiedad, fundamentalmente– en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga» dicho organismo.

Para ello, «elaborará un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración –no se especifica si coincidirá con los municipales, provinciales e incluso autonómicos–, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos» de cada uno (pisos, chalés, oficinas, locales comerciales, naves, etcétera). Tal documento se publicará, añade, con «una periodicidad mínima anual».

Distintos bufetes especializados en asesoría fiscal, así como profesionales del sector inmobiliario, han interpretado ya que tras esta medida hay una intención velada por ir sustituyendo el peso de la valoración catastral pura, hasta ahora básica para calcular algunos impuestos como el de la propiedad sobre bienes inmuebles (IBI) o el de la plusvalía sobre compraventas de esa clase, por esta nueva referencia ajustada a unos precios de mercado en plena recuperación, lo que revertiría en mayor recaudación. Por ejemplo, según los datos del Colegio de Registradores, el precio de la vivienda ya ha encadenado un lustro de subidas –en 2017 lo hizo un 7,6%– tras la caída progresiva que inició en 2006, justo un año antes de estallar la última gran crisis económica.

Desde el Ministerio de Hacienda, sin embargo, niegan esa posibilidad. Sostienen que son dos valores «distintos» y que el catastral «no se altera», además de que seguirá siendo «el único que sirve de base para calcular el IBI», impuesto cuya potestad está en última instancia en manos de los ayuntamientos. Según el departamento que dirige Cristóbal Montoro, la nueva referencia «nace para fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia», pero a la vez «será una herramienta útil para controlar el fraude» fiscal.

Admite así de forma implícita que, aunque a priori no tenga un reflejo directo sobre el IBI o la llamada plusvalía municipal –impuesto cuya reforma está en tramitación, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó su cobro cuando no exista incremento de valor en el inmueble traspasado–, sí puede generar incidencia para elevar en última instancia la presión impositiva.

De hecho, en el Plan de Reformas el Gobierno lo destaca ante Bruselas como parte de sus medidas «prioritarias» de «sostenibilidad fiscal». Allí dice que en el segundo semestre de este año enviará la modificación pertinente de la Ley del Catastro a las Cortes, a fin de «aprobar un nuevo reglamento de valoración en sustitución del vigente».

En los Presupuestos, no obstante, se señala que en la descripción catastral de los bienes inmuebles, además de sus características, se incluirá tanto el controvertido «valor de referencia del mercado» como el «catastral». También se habla de un «régimen transitorio» para que en cualquier caso haya una valoración alternativa a la actual –se dan directrices para ello–, mientras se completa el desarrollo reglamentario del referido índice de precios.

Por eso, asesores fiscales y profesionales de la actividad inmobiliaria mantienen sus dudas. Y es que la presión fiscal sobre el 'ladrillo' va más allá de los dos impuestos citados. Solo en 2016 (último año con datos confirmados) los tributos que lo gravan han aportado 25.250 millones a las arcas municipales y autonómicas –7.323 millones con el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos–. El IBI, que representa una quinta parte de los recursos totales de los ayuntamientos, ascendió a 12.687 millones, mientras la plusvalía local llegó a 2.577 millones.