Consumo abre expediente a la inmobiliaria Alquiler Seguro por cobrar comisiones ilegales a los inquilinos

Al conocerse la información, la asociación de consumidores Facua publicó un comunicado en el que señala a Alquiler Seguro como la inmobiliaria expedientada por el ministerio. La asociación denunció a la cadena en noviembre de 2023 por imponer el pago de un «servicio de atención al arrendatario». Este servicio costaba el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, detallan desde Facua, que aseguran que Alquiler Seguro ha contactado con ellos para asegurarles que han dejado de imponer la contratación de este servicio. Sin embargo, desde el ministerio han constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que les han llevado a abrir el expediente.

Este tipo de prácticas contra inquilinos están tipificadas como infracciones graves o muy graves y las multas podrían alcanzar hasta ocho veces el beneficio ilícito obtenido por la agencia infractora. En concreto, estas cláusulas o prácticas abusivas serían constitutivas de infracciones graves, sancionadas con multas de hasta 100.000 euros o seis veces el beneficio ilícito obtenido, o muy graves, sancionadas con hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio.

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy está investigando también a otras agencias por el cobro de comisiones ilegales a inquilinos y por obligarles a contratar servicios no solicitados. Este nuevo procedimiento de sanción que abre la Dirección General de Consumo parte de la investigación que se inició el pasado octubre a raíz de las denuncias por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la OCU. Estas denuncias destacan infracciones como pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino.

Este nuevo procedimiento de sanción por parte de Consumo se une al expediente sancionador también en el ámbito de la vivienda que el departamento que dirige Bustinduy abrió hace tres meses a Airbnb. El expediente se abrió porque la plataforma de alquiler de viviendas turísticas mantiene miles de anuncios catalogados como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma que retirara de forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente.

«La vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley. Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado como acción prioritaria del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de proteger los derechos de las personas consumidoras en el acceso a la vivienda», explican en una nota de prensa.

Desde la compañía enviaron un comunicado tras conocer la noticia en la que aseguran cumplir «a rajatabla» con la ley. «Todos los servicios y procesos que lleva a cabo la empresa están auditados y son voluntarios», indicaron desde la compañía, y destacaron que los servicios que ofrecen son «públicos» y «se pueden consultar abiertamente en la web».

En este sentido recordaron que los gastos de gestión y formalización del contrato «recaen exclusivamente en el arrendador, como viene recogido en el contrato de prestación servicios». Sobre la apertura del expediente sancionador, aseguran que van a analizar la «interpretación» que el Ministerio de Consumo hace de los servicios que ellos ofrecen y se mostraron abiertos a colaborar con el ministerio en lo que necesitaran.