El Tribunal de Contratación paraliza el convenio para la sanidad de militares y jueces

De manera cautelar, el Tribunal Administrativo Central De Recursos Contractuales ha paralizado la licitación para estos dos colectivos, que dependen de Isfas (que se encarga de la sanidad de militares) y Mugeju ( del personal de justicia). En concreto, y según los textos adelantados por 'Expansión', se ha decidido suspender el proceso de contratación a través de una resolución del 21 de noviembre, al menos hasta que se analicen la solicitud de medidas cautelares al concurso presentadas por la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel).

Esto no indica, en todo caso, que la licitación no acabe llegando a buen puerto. Pero los antecedentes evidencian el riesgo que corren estas coberturas. Hace unos días, Sanitas y Mapfre -que hasta ahora prestaban el servicio a estos colectivos- anunciaron que no acudirían al nuevo concurso para 2025 y 2026. Pero finalmente no quedó desierto (como en el caso de Muface) al presentarse al mismo otras firmas como Asisa.

En medio de la vorágine, el presidente de CSIF, el principal sindcato de los funcionarios, Miguel Borra, anunció el viernes una «gran movilización» para el 14 de diciembre delante de la Dirección General de Muface en Madrid para la defensa del concierto sanitario y ha avisado de problemas en la mutualidad de la Justicia (MUGEJU).

Durante una intervención pública, indicó que la nueva licitación de Muface podría llegar a partir de enero «o más allá», tras la consulta pública que el Gobierno ha lanzado para conocer el precio al que las aseguradoras concurrían al concurso, después de dejar desierto el primero.

En aquella oferta, el Gobierno propuso una subida de las primas 17,12% para 2025 y 2026, pero no convenció a las firmas que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV).

Preguntado por posibles problemas en Mugeju y la mutualidad del Ejército (Isfas), Borra se ha mostrado preocupado por el futuro de la mutualidad del personal público de justicia. «En Mugeju se han caído tres aseguradoras, quedan dos y una pequeña. En estos momentos hay 35.000 funcionarios de justicia, servidores públicos, que se encuentran con que tienen que cambiar de compañía», recalcó.