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Encima de la mesa del Gobierno ya están las cifras sobre la futura subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una decisión que debe tomar antes de que termine el año. El Ministerio de Trabajo ya tiene el informe realizado por un grupo de expertos que ... le dice cuánto debe subir en 2023 el sueldo más bajo de España para cumplir con el compromiso de legislatura de situarlo en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. No obstante, el margen es bastante amplio: el incremento propuesto por este comité oscila entre el 4,6% y el 8,2%, porcentajes que elevarían el SMI hasta una horquilla de entre los 1.046 euros y 1.082 euros.
Una subida, en cualquier caso, inferior a la revalorización de las pensiones y que no evitaría la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo de trabajadores, precisamente los más vulnerables, que tienen unos ingresos en la actualidad de 1.000 euros al mes repartidos en 14 pagas.
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Más concretamente, este grupo de sabios, después de meses de análisis, ofrece cuatro opciones al Ejecutivo: un alza del 4,6% que aumentaría el salario mínimo a 1.046 euros en 2023; una subida del 5,4% que lo situaría en los 1.054 euros; un incremento del 6,6% que lo elevaría hasta los 1.066 euros; y, por último, el mayor aumento, del 8,2%, que lo llevaría hasta los 1.082 euros. Esta nueva revalorización, la última de la legislatura, beneficiaría a dos millones de trabajadores, según estiman los expertos.
El Ministerio de Trabajo estaba a la espera de este informe para convocar a los sindicatos y a la patronal y tratar de alcanzar un acuerdo sobre el nuevo salario mínimo que se aplicará desde enero. Sin embargo, este acuerdo a día de hoy puede decirse que está bloqueado sin ni siquiera haber empezado a negociarse, puesto que los empresarios anunciaron la semana pasada que cortaban toda interlocución con el departamento dirigido por Yolanda Díaz al entender que había «traicionado» el pacto logrado sobre la reforma laboral.
La CEOE emitió un duro comunicado en el que exigió a Trabajo que se retire la enmienda transaccional que recupera el control previo de la Inspección sobre las causas de los ERE -lo que en la práctica resta poder a las empresas a la hora de realizar despidos colectivos- para volver a sentarse en la mesa del diálogo social.
Por su parte, los sindicatos llevan meses advirtiendo al Gobierno que no tolerarán una subida del salario mínimo que lleve a este colectivo a perder poder adquisitivo y exigen un alza del 10% que sitúe la renta mínima por ley en el país en los 1.100 euros al mes repartidos en catorce pagas, lo que supondría unos ingresos anuales brutos de 15.400 euros. Su objetivo es mitigar la escalada de los precios para el eslabón más débil del mercado laboral.
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