El PSOE sigue torpedeando el Estatuto del Becario año y medio después de acordarlo Díaz

La ministra de Trabajo reconoció este lunes que tiene «discrepancias» con el PSOE para que la nueva norma que regula las prácticas de los estudiantes vea la luz, una ley a la que también se opuso la patronal, que se desmarcó del pacto alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos después de muchos meses de negociación (al igual que ha sucedido con el ámbito universitario, que se ha mostrado también en contra).

«Es una norma principal en la que es verdad que tenemos discrepancias con el PSOE, pero hay un acuerdo de diálogo social y se va a cumplir», aseguró este lunes Díaz durante el coloquio 'Pioneras' organizado por el diálogo digital Artículo 14.

Pese a estas divergencias manifiestas dentro del Gobierno, la vicepresidenta se comprometió a aprobarla con «carácter inmediato», aunque retrasó esta batalla a una vez que se resuelva otra que genera aún más polémica: la de la reducción de la jornada. Así, señaló que llegará el momento del Estatuto del Becario cuando se termine el debate en torno a la medida estrella de la legislatura –un debate que puede demorarse meses en el Congreso ante la división que genera–. «La siguiente estación es esta«, prometió.

Díaz se lamentó de que «el reducto de la precariedad que queda en España tiene que ver con las prácticas no profesionales en empresas» y resaltó que es un texto que también se está «trabajando en Europa». «Nosotros en la reforma laboral hemos emprendido una reforma importantísima, que era el artículo 11, el contrato formativo, que es un modelo que emula al contrato alemán, formación dual. ¿Saben ustedes cuántos contratos de formación hacemos en España? Prácticamente ninguno. ¿Saben por qué? Porque tenemos un agujero que son los falsos becarios, que son cercanos a un millón. Hay que corregir esto de manera inmediata. Por tanto, siguiente parada, el estatuto de las prácticas no profesionales», sentenció.

La norma, que no contó con la participación de la comunidad universitaria según denunciaron los rectores, recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.