El Gobierno quiere subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.200 euros

Derogar la reforma laboral de 2012 es uno de los principales puntos del acuerdo para el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos que tendrá que afrontar la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un contexto de ralentización de la creación de empleo.

Con casi 19,9 millones de ocupados, pero sin haber recuperado aún los niveles de empleo previos a la crisis, el mercado laboral español se enfrenta a un enfriamiento, en línea con la desaceleración económica.

La primera medida que tendrá que abordar Díaz será previsiblemente la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, ya que en el acuerdo de Gobierno solo aparece el compromiso de elevarlo al 60% del salario medio neto al cierre de la Legislatura, una cifra sobre la que ni siquiera hay consenso, ya que, según la fuente, se calcula en entre 1.000 y 1.200 euros mensuales. Y es que mientras Unidas Podemos había establecido en su programa electoral que debería situarse en 1.200 euros a lo largo de cuatro años, los sindicatos plantean cifras diferentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido aventurar cuál será la senda para incrementar el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del sueldo medio de cara a 2023, la ministra de Trabajo anunció este miércoles que este jueves o viernes tendrán lugar los primeros encuentros informales con sindicatos y empresarios para iniciar la negociación sobre la subida del SMI.

Así, los sindicatos creen que actualmente el salario medio neto es de unos 1.003 euros, un importe que coincide con el del acuerdo de subida firmado con el Gobierno, pero UGT lo cifra en torno a 1.150 euros. «Tenemos 1.400 días para ponerlo en marcha, pero también es importante planificar y vamos a impulsar y fortalecer el diálogo social», puntualizaba Pedro Sánchez en la primera rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El presidente ha indicado que el nuevo Gobierno activará mecanismos de diálogo para llegar a ese compromiso, aunque ha recalcado que acaban de empezar y que «quedan muchas semanas por delante».

Respecto a la reforma del PP de 2012, el acuerdo de Gobierno sugiere que se derogará en su totalidad, con el compromiso de recuperar con urgencia la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa y la vigencia indefinida de los convenios (ultractividad).

El texto también habla de eliminar inmediatamente el despido por bajas reincidentes en un periodo de tiempo determinado, que recientemente había sido avalado por el Tribunal Constitucional.

El papel de la ministra de Podemos será clave para que todos los cambios que se introduzcan en el mercado laboral se hagan con el mayor consenso de los agentes sociales, aunque la patronal ha adoptado un tono beligerante frente a un pacto de Gobierno que considera más cerca del populismo que de la ortodoxia económica.

En paralelo se tendrá que abordar una reforma del Estatuto de los Trabajadores que contemple las nuevas formas de trabajo fruto de la digitalización, la robotización o la economía verde.

También se deberá revisar el sistema de formación y recualificación laboral y terminar de adecuar el régimen de trabajadores autónomos (RETA) para dotarles de la protección del resto de ocupados y para que coticen en función de sus ingresos reales.

Todo ello en un contexto de moderación del empleo, que crece a una tasa inferior al 2 % anual y ha ido perdiendo impulso tras la recuperación que le llevó a crecer al 3 % en 2015, además de mantener algunas disfunciones.

Entre ellas, la elevada temporalidad (26,6 %), una tasa de empleo a tiempo parcial (14 %) que es mayoritariamente indeseado y un nivel de desempleo del 13,9 %, el segundo más elevado de la UE.