El Gobierno obligará a las aseguradoras a mantener la sanidad actual a un millón de funcionarios

«Tanto la secretaria de Función Pública como la directora general de Muface insisten en que el Gobierno, en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, tiene los mecanismos necesarios para ir prorrogando esa prestación sanitaria hasta que haya un nuevo concierto», explicó Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios, después del encuentro.

El Gobierno quiso lanzar así un mensaje de tranquilidad a los sindicatos y a ese millón y medio de personas cuya sanidad está en el aire tras un hecho insólito que no había sucedido en el más de medio siglo de vida de Muface: que ninguna compañía haya querido renovar o apuntarse al concierto. Así, insistió en que tiene los «mecanismos suficientes» conforme a la ley de contratos públicos para «garantizar» la asistencia sanitaria a este colectivo «en las mismas condiciones que actualmente se viene prestando a los mutualistas de Muface», dejando caer que no solo se puede prolongar la operatividad del contrato durante al menos nueve meses más ¬–como ya advirtieron el pasado martes–, sino que esta situación de provisionalidad se puede mantener hasta que se resuelva el conflicto.

Eso sí, no llegaron a concretar cuáles son esas herramientas y en qué puntos de la ley se basan para obligar a las aseguradoras a prestar esos servicios y no abocar al colapso a la sanidad pública. Por ello, desde CSIF consideran que estas explicaciones son «insuficientes» y denunciaron que «la actitud del Gobierno pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad».

Asimismo, la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y la directora de la mutualidad, Myriam Pallarés, informaron de que se está realizando un nuevo informe de viabilidad económico-financiero para presentar una nueva licitación. En este sentido, aseguraron a los representantes de los trabajadores que trabajan contrarreloj para presentar una nueva licitación que sea «más atractiva» para las compañías aseguradoras, según señaló UGT.

Tampoco dieron ningún detalle sobre esta nueva licitación que ya están elaborando ni siquiera se atrevieron a confirmar que pondrán encima de la mesa un incremento superior al 17% ofertado para atraer a las aseguradoras ni cuándo la presentarán, aunque sí estiman que podrán hacerlo antes de final de año. De esta manera, tendrán un plazo muy ajustado para resolver esta crisis antes de que termine el año, que es cuando expira el actual contrato, puesto que tiene que pasar primero por el Consejo de Ministros.

Los sindicatos mostraron su decepción tras esta nueva reunión, consideran insuficientes las explicaciones y ponen en duda las garantías sobre el futuro de la mutualidad asegurada por el Gobierno. Por ello, CSIF iniciará este mismo lunes una campaña de movilizaciones: «No vamos a permitir que se produzca ningún recorte en la asistencia sanitaria al funcionariado y su familia», advirtieron.

CC OO también amenazó con movilizaciones contra el Gobierno al tiempo que denunció el «chantaje» por parte de las aseguradoras. En esta línea, UGT pidió a estas empresas «responsabilidad social».