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El Gobierno es consciente de que, una vez se levante el estado de alarma, no todas las actividades podrán retomar la actividad con normalidad y dar carpetazo a esta crisis. Por ello, están trabajando para ver cómo pueden ayudar a los sectores más afectados por ... esta pandemia. Así lo confirmó este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante el encuentro telemático que mantuvo con la patronal catalana Pimec.
En este sentido, podría ser que el Ejecutivo decida mantener a las empresas más castigadas o a los sectores más vulnerables, como puede ser el turismo, la restauración o el comercio, los beneficios que tienen ahora al estar acogidas a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor una vez se termine el periodo de cuarentena con el objetivo final de mantener el empleo. «Tenemos que trabajarlo bien y tiene que ser debatido en el Gobierno, pero tenemos esa inquietud», afirmó la diputada gallega.
Supone así un paso más allá de la «flexibilidad» con los ERTE que anunció la semana pasada la ministra, cuando reconoció que eran conscientes de que habría empresas que no podrían volver a la actividad un día después y tendrían que «renegociar» ese expediente, algo que ya está establecido en la legislación actual.
Los beneficios actuales que tienen las empresas acogidas a un ERTE por fuerza mayor a causa del coronavirus son una exoneración del pago de cotizaciones a la Seguridad Social de entre el 75% y el 100%, mientras que los trabajadores afectados no tienen que tener el periodo cotizado necesario para cobrar el subsidio por desempleo y tampoco les resta derecho a percibirlo en un futuro. Pero eso sí, tienen el compromiso de mantener el empleo durante al menos los seis meses posteriores a que termine el confinamiento. De las palabras de la ministra puede deducirse que estas ventajas se mantendrían más tiempo en determinadas empresas para evitar que quiebren.
De ser así, supone un paso más allá de la «flexibilidad» con los ERTE que anunció la semana pasada la diputada gallega, cuando reconoció que eran conscientes de que habría empresas que no podrían volver a la actividad un día después y tendrían que «renegociar» ese expediente, algo que ya está establecido en la legislación actual.
Reconfigurar ese expediente supondría, no obstante, pasar a tramitarse como un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con lo que la empresa tendría que pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores a los que haya suspendido el empleo, mientras que en los de fuerza mayor es el Estado quien lo abona durante esta crisis excepcional, además de costear sus prestaciones por desempleo incluso para los que no hayan cotizado lo suficiente. Así, aquellas personas que no tengan derecho a este subsidio, dejarán de cobrar esta ayuda si el ERTE se reconfigura, salvo que se tomen medidas al respecto, como ahora parece que se están planteando.
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