Cuatro décadas de reformas laborales para atacar la temporalidad y reducir el paro

De las ocho grandes reformas laborales acometidas en los últimos 40 años, dos fueron por consenso:la de 2006, con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en el poder;y la de 1997, con el PP de José María Aznar en Moncloa. En ambos casos, la economía no paraba de crecer. Aznar consiguió que patronal y sindicatos rubricaran un contrato de fomento indefinido (CFCI) e indemnización de 33 días para mujeres, varones menores de 30 años o mayores de 45 o parados de larga duración. Una década después, Zapatero pactó con los agentes sociales la extensión de esa modalidad a hombres de entre 30 y 45 años, con condiciones.

Apenas un año duraría la calma social. Porque la crisis de 2008 cambió todo el panorama laboral. El mismo Ejecutivo de Zapatero fue el que autorizó una profunda reforma laboral, en 2010, por la que se generalizó la indemnización por despido, que pasaba de 45 a 33 días por año trabajado. La de los temporales subía de 8 a 12 días por año trabajado. Huelga general en medio de la recesión.

Con la crisis de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy acometió la que hasta ahora era la última reforma:la del descuelgue de las empresas;el fin de la ultraactividad;la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, según la situación de cada compañía; y el despido generalizado a 33 días. Otra huelga general.

Diez años antes, en 2002, Aznar tuvo que lidiar con un paro general por su intención de reformar el sistema de prestación por desempleo: el parado que rechazara determinadas ofertas de trabajo o de formación que la Administración considerara «adecuadas» se le podría retirar la prestación del INEM. También suprimía los salarios de tramitación, la cantidad dejada de percibir por los sueldos desde el despido hasta la resolución judicial.

Aznar no fue el único que sufrió la presión movilizadora de los sindicatos. Su antecesor, Felipe González, vio pasar por delante de La Moncloa hasta cuatro huelgas generales. La de mayor impacto, la que prácticamente paralizó el país –incluida TVE–, fue la de diciembre de 1988. La reforma que impulsó el entonces Gobierno socialista tenía su base en la de 1984, cuando se dio entrada a la temporalidad. Esa nueva modalidad laboral estaba destinada a jóvenes de entre 16 y 25 años, pero no logró los efectos deseados en materia laboral.

Cuatro años después, en la crisis de 1994, el Ejecutivo de González impulsó la gran reforma que suponía una nueva flexibilización de la normativa de contratación y la negociación colecitva, con el incremento de las causas para los despidos a tecnológicas o económicos por fuerza mayor. Se creó un contrato de aprendizaje y, sobre todo, se regulaba la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT) en el ámbito privado, al margen del INEM. El parón general volvió a presionar a Moncloa.