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Nuria Triguero
Domingo, 1 de marzo 2015, 19:39
El 23 de agosto de este año, si nada lo remedia, cerrará sus puertas la última escuela taller activa la provincia. A día de hoy quedan once de estos centros operativos en la provincia, que irán acabando sus programas formativos en los próximos meses. Llegó a haber 69 escuelas taller y talleres de empleo en la provincia, que enseñaban oficios a 1.920 personas con un perfil común: desempleados en riesgo de exclusión. El mayor colectivo de alumnos lo forman jóvenes que habían abandonado los estudios, pero también hay mujeres víctimas de violencia de género o ex reclusos. En estos centros, los estudiantes cobran un sueldo a la vez que aprenden, ya que se les hacen contratos de formación. La Junta los financiaba con subvenciones del Fondo Social Europeo.
La extinción de este ecosistema formativo para desempleados, que ha demostrado su eficacia con altos índices de inserción laboral, está motivada por la ausencia total de financiación desde 2011, año en el que la Junta aprobó los últimos proyectos de escuelas taller y talleres de empleo. El motivo por el que a día de hoy quedan centros funcionando es que el retraso en los pagos del gobierno andaluz hizo que muchos no empezaran sus programas hasta 2013.
Desde 2011, cada año la Junta ha seguido sacando convocatorias a las que ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones sin ánimo de lucro presentan proyectos. Pero no se aprueba ninguno. «Son convocatorias fantasma», denuncia Enrique Nadales, director del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo de Málaga, que este año ha solicitado la financiación de 16 iniciativas que habrían beneficiado a 672 alumnos. Nadales aprovecha para recordar que la Junta debe más de un millón de euros al consistorio por los talleres escuela.
La Asociación de Profesionales de Escuelas Taller de Málaga (Apetma) calcula que en estos cuatro años, 7.820 parados en la provincia han perdido la oportunidad de aprender un oficio. La situación de parálisis se agravó en marzo de 2013, cuando se produjo el traspaso de competencias desde la Consejería de Empleo a la de Educación. «La Junta nos ha dicho que no se van a aprobar nuevos proyectos hasta que no se apruebe una nueva normativa que dependa de Educación. Y sabemos que esa normativa está totalmente parada, y más con las elecciones. Es una situación insostenible», resume José Carlos García, director de Apetma.
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