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Los impagos paralizan La Cónsula, La Fonda y el CIO Mijas

Los impagos paralizan La Cónsula, La Fonda y el CIO Mijas

La fórmula formativa que tanto éxito ha tenido agoniza entre promesas políticas incumplidas y rifirrafes partidistas

Nuria Triguero

Domingo, 1 de marzo 2015, 19:40

Al final, han sido los alumnos de La Cónsula quienes han acabado con la agonía en la que está sumida la escuela de hostelería desde el inicio del curso. Con la huelga de estudiantes, que dura ya una semana se paraliza por completo la actividad del centro, que ya estaba fuertemente mermada: sin servicio de limpieza y con las cocinas y el restaurante cerrado. El motivo: los impagos de la Junta, que se prolongan desde hace casi dos años entre promesas incumplidas, mensajes confusos sobre supuestas irregularidades contables, cambios de gestión y rifirrafes políticos.

La Cónsula es el caso más mediático, pero la situación de La Fonda en Benalmádena no es mejor. Ocho meses llevan sin cobrar los empleados de este consorcio escuela, cuya actividad también está paralizada a la espera del mismo trámite: pasar a depender de la recién creada Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación para disponer de presupuesto de la Administración Autonómica, en vez de las subvenciones de las que se venían nutriendo hasta ahora.

Mientras, la decena de programas formativos del Centro de Formación Integral en Industrias del Ocio CIO Mijas están bloqueados desde hace más de un año. Los problemas económicos de un espacio de titularidad pública pero gestionados por una Unión Temporal de Empresas (UTE), provocados por el impago de un millón de euros por parte de la Junta, desembocaron en un ERTE que hoy sigue vigente. El arranque del curso sigue a la espera del visto bueno del calendario académico que tiene que firmar la Consejería de Educación y a la transferencia de parte de la deuda pendiente.

El fin del cuarto consorcio de formación profesional que había en la provincia, Forman, quedó certificado el año pasado, dejando como herencia un litigio entre la Junta y la UTE concesionaria por un impago de un millón de euros.

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