Funcionarios y pensionistas ganan poder adquisitivo por la inflación negativa

De confirmarse este dato, el IPC acumularía nueve meses consecutivos de descensos y terminará el ejercicio muy lejos de los incrementos registrados al término de 2019 (0,8%), 2018 (1,2%), 2017 (1,1%) y 2016 (1,6%). La última vez que los precios cerraron un año en negativo fue en 2014 (-1%), mientras en 2015 terminaron diciembre planos.

Pero esta caída libre de los precios ha provocado que pensionistas y funcionarios hayan ganado poder adquisitivo pese a la grave crisis que sufre el país. Es decir, las rentas de más de 13 millones de personas han mejorado a lo largo de este año por la subida salarial que han tenido y el desplome de los precios.

Quienes más beneficiados han salido son los más de 3,3 millones de empleados públicos (según los últimos datos de la EPA). Este colectivo ha aumentado su poder de compra en al menos 2,3 puntos. Esto es consecuencia de que este año les aumentaron las nóminas un 2%, a lo que se puede sumar otro 0,3% si se cumple el acuerdo firmado, tal y como suscribieron recientemente desde el ministerio de Función Pública. En los últimos tres años los funcionarios han visto crecer sus nóminas un 6,5% y han ganado poder adquisitivo, aunque no ha servido para compensar la pérdida de más del 10% que tuvieron en la anterior crisis económica, cuando sufrieron recortes y congelación.

Pero también los cerca de nueve millones de pensionistas llevan tres años con subidas después de haber estado abocados a una revalorización mínima del 0,25%. En 2020 habrán ganado 1,2 puntos de poder de compra gracias al incremento que han tenido de sus pensiones del 0,9%, la misma que el año pasado.

A su vez, los trabajadores regidos por un convenio colectivo también han ganado poder adquisitivo este año si se tiene en cuenta que los salarios han subido de media más de un 1,8%. Sin embargo, cabe resaltar que no ha sido así para los casi 7,5 millones de asalariados a los que da amparo. Y es que casi cuatro millones de trabajadores han estado acogidos a un ERTE en algún momento de la pandemia, con lo que sus rentas han caído, mientras que otro millón de personas fueron despedidas por la crisis.