Dos grandes medidas para la segunda fase de la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno

«Destoparemos la base máxima y la pensión máxima a la vez, equivalentemente, haciéndolo de forma gradual y muy suave para que no tenga un efecto significativo sobre el coste laboral de las empresas, que son las que tienen que hacer las mayores aportaciones a la Seguridad social; se puede hacer en 30 años», avanzó Escrivá durante un acto organizado por la Fundación Seres. En este sentido, defendió que esta medida, que forma parte de las recomendaciones realizadas por el Pacto de Toledo y podría afectar a cerca de 1,5 millones de trabajadores, tiene «la virtualidad» de que rellena los ingresos las décadas de los 30 y los 40, aunque señaló que desde el punto de vista del sistema, a muy largo plazo, es «neutral porque recaudas antes y después pagas pensiones más grandes».

En la actualidad, la base máxima de cotización se sitúa en los 4.139,4 euros al mes. De esta forma, los trabajadores que tienen unos ingresos superiores a los 49.672 euros al año no cotizan a la Seguridad Social a partir de dicha cantidad. El Gobierno se ha comprometido en el plan de resiliencia a elevar gradualmente esta cotización durante las tres próximas décadas, según recoge el documento enviado a Bruselas.

No obstante, desde el ministerio confirmaron a este periódico que el periodo de adaptación no está cerrado y puede verse modificado en la mesa del diálogo social, por lo que podría finalmente acordarse una modificación en 28 o 32 años.

A la par que se elevan las cotizaciones de quienes más ganan, el Gobierno aprobará un aumento de la pensión máxima, que en estos momentos está situada en los 2.819,19 euros al mes repartidos en 14 pagas (39.468,66 euros al año), para no alterar la naturaleza contributiva del sistema y dado que se trata de una pensión «realtivamente baja» respecto a la que hay en el entorno europeo, según señaló el ministro.

No obstante, y pese a que Escrivá este lunes habló de que se haga de forma «equivalente», no se prevé que la subida sea exacta, sino que el diseño que maneja el ministro es que crezca en mayor medida la cotización que la pensión, lo que contribuiría a aumentar la brecha que ya existe entre ambas, de casi un 30%.

Con esta medida, junto con el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que es un alza del 0,65 en las cotizaciones, el Ejecutivo espera «rellenar» de ingresos el sistema de pensiones para las décadas de 2030 y 2040, las más tensionadas debido a las jubilaciones del 'baby boom'.

«Con todo este conjunto de medidas queremos estabilizar más o menos ese gasto. Habrá que ir reajustándolo en el tiempo, en los próximos años y décadas. Nuestro punto de partida es manejable, pero hay que hacer las medidas ahora, con visión a medio plazo, y hacerlo de manera gradual para ajustarlas progresivamente», abogó.

Por otra parte, Escrivá anunció también este lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes incentivos al empleo para impulsar a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a incorporarse al mercado laboral, de forma que, aunque se incorporen al mercado o trabajen más horas, no pierdan la prestación de forma inmediata.