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La Renta Mínima de Inserción Social da cobertura cada mes en Andalucía a unas 6.500 familias en situación de pobreza. Va dirigido a personas vulnerables y en riesgo de exclusión social, precisamente, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que concede el Gobierno. Por eso, la coexistencia de ambas había generado desde la creación del IMV en 2020 problemas de gestión en las comunidades autónomas, ya que aunque las dos van dirigidas al mismo colectivo sus requisitos y cuantías son diferentes.
El pasado mes de diciembre, la Junta aprobó la modificación del decreto que regula la cuantía de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (Rmisa), que aumenta un 45% de media y acorta distancias con el Ingreso Mínimo Vital. Este mismo mes, la Diputación Permanente del Parlamento andaluz (órgano que ejerce las labores parlamentarias mientras la Cámara se encuentra en periodo de receso) convalidó el decreto ley que revisa la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.
A partir de la entrada en vigor del texto, la prestación base para cualquier persona que solicite la Renta Mínima sube de los 451 euros actuales para una persona sola hasta los 533 euros. Además, a esta cantidad se suma un 30% por cada miembro de la unidad familiar y, en el caso de ser familias monoparentales, tendrán un complemento adicional del 22%, del que también dispondrán aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. De esta forma, la cuantía máxima pasará de los 839 a los 1.173 euros.
La revisión de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía persigue también decretar la incompatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital con el fin de evitar que hogares inicialmente protegidos por la Renta Mínima de Inserción Social, que pasan a ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, se encuentren en la obligación legal de reintegrar la prestación andaluza por superar el límite de ingresos. Y es que las cuantías que se abonan a nivel estatal suelen ser superiores a la autonómica, suponiendo una obligación adicional para las familias.
La Junta no solo concede dinero, sino que esta renta incluye un plan personalizado de inclusión sociolaboral que pretende la integración social de los perceptores y de la unidad familiar. Este plan será elaborado por los servicios sociales comunitarios y el Servicio Andaluz de Empleo, SAE.
Esta ayuda se devengará a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de 12 meses. No obstante, se podrá acordar la ampliación por periodos sucesivos de 12 meses según el calendario de aplicación del Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre.
Requisitos
Tendrán derecho a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía las unidades familiares que estén empadronadas en Andalucía con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.
Los solicitantes deberán tener entre 25 y 64 años inclusive, excepto casos descritos en el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre
Deberán tener una resolución expresa denegatoria del Ingreso Mínimo Vital que concede el Estado y estar en situación de desempleo registrados expresamente en el SAE.
Deben estar dada de alta en el censo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la persona perceptora.
Los beneficiarios no pueden disponer de dinero efectivo, o título, valor, derecho de crédito o depósito bancario de un importe superior a la PNC anual (6.784 euros).
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