La reforma de las pensiones, prioridad en la agenda del Gobierno para las próximas semanas

La comisión del Congreso encargada del seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo echa a andar esta semana con una reunión convocada por su presidenta y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de la Mesa y Portavoces. La reunión será el primer encuentro formal de este órgano, que en esta legislatura parte con el objetivo de renovar unas recomendaciones en materia de pensiones y Seguridad Social pendientes de actualizarse desde hace ya cuatro años. Su última revisión data de enero de 2011 y, por tanto, debían haberse renovado en 2016.

La nueva presidenta ya ha anunciado su intención de partir desde el punto en que se quedó la comisión a principios de 2019, cuando estuvo a punto de llegar a un acuerdo que la convocatoria anticipada de elecciones impidió cerrar, al desmarcarse primero Unidas Podemos, y después PP y Ciudadanos, del borrador con el que trabajaban los grupos. «No hagamos borrón y cuenta nueva», dijo al tomar posesión de su nuevo cargo.

Entre los principales retos que debe abordar la comisión en sus nuevas recomendaciones está la de pactar una nueva forma para revalorizar las pensiones y la de orientar una hoja de ruta para hacer frente al déficit financiero de la Seguridad Social.

El propio presidente Pedro Sánchez, pero también su predecesor Mariano Rajoy, solicitaron a la comisión un plan con recomendaciones dirigidas a 'limpiar' los 'números rojos' de las cuentas del sistema de pensiones. En palabras de la exministra y hoy presidenta de la comisión, Magdalena Valerio, el objetivo es llegar a los años 2023-2024 con el sistema «lo más saneado posible».

Eso pasa, previsiblemente, por un aumento de los ingresos, a través de más y mejores cotizaciones, pero también por una reordenación de los gastos, ya que en las recomendaciones en las que trabajaba la comisión figuraba descargar a la Seguridad Social de gastos «impropios», como los de gestión o prestaciones y complementos que en estos años ha venido asumiendo esta caja y no la Administración central vía Presupuestos.

Asimismo, en la comisión también se habían asumido muchas de las recomendaciones emitidas por la AIReF -cuyo entonces presidente, José Luis Escrivá, es precisamente hoy ministro de Seguridad Social-, dirigidas a que las cotizaciones se dedicaran fundamentalmente al pago de las pensiones, y no tanto a otras prestaciones o gastos.

Los grupos también deberán determinar qué hacen con la revalorización de las pensiones ya que, si bien desde 2018 han venido actualizándose conforme al IPC -primero en virtud de los últimos Presupuestos de Rajoy, pactados con el PNV, y después por decreto ley del Gobierno de Sánchez-, la conocida como 'fórmula del 0,25%' aún sigue vigente.

Así lo ha recordado recientemente Valerio, que ha prometido la derogación de esta reforma junto al factor de sostenibilidad aún no aplicado, y sobre el cual los grupos parlamentarios deberán decidir si acaban con él o recomiendan al Gobierno la modificación del mismo para actuar sobre la cuantía de las pensiones futuras teniendo en cuenta otros parámetros.

Cómo revalorizar las pensiones era el único de los preacuerdos presentados por los grupos durante sus negociaciones, reconociendo en el texto la conveniencia de actualizar las pensiones «en base al IPC» y señalando este indicador como principal referencia, sin perjuicio de incluir otras variables.