Reforma de las Pensiones 2020: diez propuestas clave del nuevo sistema

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo entra esta semana en su recta final para cerrar un consenso sobre las recomendaciones que trasladarán al Gobierno para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones, un documento que será muy parecido al que no pudo aprobarse en febrero de 2019.

Los portavoces de los partidos políticos del Pacto de Toledo están ultimando las últimas propuestas y varias fuentes parlamentarias señalan a EFE que «el trabajo está muy avanzado» y hay «un colchón de consenso». Y es que los portavoces valoran el talante negociador de la exministra de Trabajo y Seguridad Social Magdalena Valerio, que como presidenta de la comisión ha conseguido acercar posiciones para aprobar un paquete de recomendaciones que complazca a derecha e izquierda. A continuación, las medidas que el Pacto de Toledo incluirá en su documento final.

Una de las recomendaciones pasa por garantizar la revalorización de las pensiones según el IPC real. Esta propuesta, pactada en la anterior Legislatura por todos los partidos menos ERC, fue el principal caballo de batalla durante más de dos años, aunque para cuando se firme habrán pasado ya cuatro años desde que en 2016 se iniciaran los trabajos del Pacto de Toledo.

Las recomendaciones mantienen el espíritu y casi la misma letra de 2019, aunque algunas se han adaptado a la actual situación que ha provocado la pandemia, y otras han cambiado para, por ejemplo, poder elegir los 25 mejores años cotizados para hacer el cálculo de la pensión, con el fin de que el trabajador pueda salvar periodos laborales con salarios más bajos o momentos profesionales peores.

Todos los partidos están de acuerdo en avanzar en la separación de fuentes de financiación para que el Estado asuma los gastos impropios del sistema, como bonificaciones y prestaciones de ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

El Pacto de Toledo también se propone limitar las jubilaciones anticipadas para acercar la edad real a la edad legal, como ha instado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ve conveniente incentivar el retraso voluntario de la jubilación y reforzar las fórmulas para compatibilizar la pensión con el trabajo.

Las recomendaciones también preservarán el Fondo de Reserva, las condiciones de las jubilaciones actuales de los empleados públicos a los 60 años

El paque de medidas señalarán también la conveniencia de que el régimen de autónomos se vaya acercando al régimen general para que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales y tengan una pensión mayor y mejores coberturas.

Por otra parte, el Pacto de Toledo mantendrá el derecho de los funcionarios de las clases pasivas de poder jubilarse a los 60 años, siempre que hayan cotizado 30 años, según confirmó este periódico. Se trata de un régimen extinto pero en el que todavía figuran decenas de miles de profesores, militares, o personal de la Administración General del Estado y del Ministerio de Justicia.

Revisar el sistema para que las lagunas de cotización no perjudiquen el cálculo de la pensión y avanzar en mejoras de las prestaciones a mujeres y jóvenes, son otras de las propuestas que también incluyen fomentar los planes de empresa de pensiones vinculados a organismos sin ánimo de lucro sin descartar incentivos fiscales.

También, asegurar rentas mínimas suficientes para aquellas situaciones en las que la pensión, sea o no contributiva, no pueda garantizar un nivel de subsistencia digno o establecer un indicador de qué es una pensión suficiente.

El Pacto de Toledo también quiere resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social y revisar de forma periódica el cumplimiento de sus propuestas.