El plus en las pensiones para prejubilados se amplía para los que hayan cotizado 40 años

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social dio este lunes su visto bueno a la primera parte de la reforma gracias a los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y Compromís, mientras que Bildu se ha abstenido. No obstante, en esta ocasión se ha encontrado con una mayor oposición que cuando pasó su primer examen en la Cámara Baja y PP, Vox, Ciudadanos y la CUP cambiaron su sentido de voto y rechazaron ahora el proyecto de ley, que vuelve a vincular la subida de las pensiones al IPC y deroga el factor de sostenibilidad, aunque a cambio implica un incremento de las bases de cotización para afrontar la jubilación de la generación del 'baby boom'.

En esta sesión ERC, que votó en contra en el primer debate, ha tenido un papel clave en la votación de ayer al dar el sí una vez que el Gobierno se plegó a incorporar varias de las enmiendas realizadas por el grupo independentista. Gracias a una de ellas el Ejecutivo se ha comprometido a vincular la subida de las pensiones mínimas, que cobran 2,2 millones de personas, a la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley «impulsará las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuentan la evolución del SMI», según recoge la enmienda pactada con ERC. A su vez, el Ejecutivo accede a revisar en la mesa del diálogo social los criterios para determinar la cuantía de las pensiones mínimas y garantizar su suficiencia, cumpliendo con lo que recomienda la Carta Social Europea. Se ha llegado a una solución intermedia, puesto que el objetivo de ERC y Bildu era garantizar unas pensiones mínimas equivalentes al 90% del SMI.

A su vez también se ha aprobado otra enmienda para ampliar el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho, extendiéndola además a todos los supuestos en los que la persona beneficiaria no tenga reconocida el derecho a otra pensión contributiva.

La votación de este lunes es clave de cara a su aprobación definitiva, que se hará previsiblemente en un pleno que se celebrará a primeros de diciembre, puesto que no es probable que haya ningún cambio en el sentido de los votos. Posteriormente será remitida al Senado para su posterior publicación en el BOE antes de que termine el año.

También la izquierda ha forzado al Ejecutivo a incluir una cláusula mediante la cual se compromete a mantener el actual nivel de pensiones públicas del sistema, uno de los más generosos de Europa. Es decir, que si la tasa de reemplazo sobre el último salario se sitúa en la actualidad en el 78%, se mantendrá para los futuros jubilados en ese 78%.

De igual manera, el apoyo de ERC ha obligado al Gobierno a encargar en el plazo de un mes desde su entrada en vigor un informe de auditoría sobre los ingresos y gastos de la Seguridad Social para cuantificar la factura de gastos impropios que ha tenido que asumir desde 1967. El informe deberá ser realizado en el plazo máximo de seis meses y elevado a la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo y cuantificará los conceptos y su financiación entre 1967 y 2019. «Será la oportunidad de visibilizar los saqueos a los que se ha sometido a la caja de la Seguridad Social», denunció el diputado republicano Jordi Salvador.