El Pacto de Toledo se juega su credibilidad en esta legislatura

Pero a la actual comisión se suma Vox, algo que puede generar más división a la vista de que abogan por un sistema mixto, y muchas caras nuevas, entre ellas Ignacio Echániz al frente del Grupo Popular y la canaria Ana Oramas como voz del Grupo Mixto. Su presidenta será previsiblemente la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que vuelve años después a formar parte de este equipo en el que se mantienen la socialista Mercè Perea, el diputado del PNV Iñigo Barandiaran o el de Esquerra, Jordi Salvador.

Encima de la mesa de la primera reunión estará el medio centenar de folios que ya habían sido redactados y prácticamente consensuados con las 21 recomendaciones para reformular el sistema. «Éste será el punto de partida», sostienen tanto Perea como Barandiaran, que rechazan empezar de cero y desperdiciar el «buen trabajo que se había hecho, producto de mucha buena voluntad y muchas concesiones por parte de todos», según precisa el diputado nacionalista, aunque admite que «habrá que enriquecerlo porque hay partidos nuevos».

Pese a que Vox ya marcó postura esta pasada semana en el Congreso con su voto contrario a la subida de las pensiones del 0,9%, Perea se muestra «optimista» y piensa que hay «voluntad» de llegar a un consenso en la «gran mayoría» de grupos, porque «es un tema que nos duele a todos». Su apuesta es comenzar a resolver cuestiones y no esperar a tener todas las recomendaciones cerradas, ya que el nuevo Pacto de Toledo tiene que ser «más ágil y efectivo», por lo que abre la puerta a no esperar a tener todas las recomendaciones cerradas y resolver a corto plazo la parte de la sostenibilidad del sistema.

No en vano en esta ocasión el futuro de esta comisión y su credibilidad están en juego. Así lo reconoce el propio Barandiaran, consciente de que hay algunas voces que critican su incapacidad de llegar a un acuerdo. Así lo considera el profesor del IESE Javier Díaz Giménez, quien sostiene que «el Pacto de Toledo se tiene que disolver porque ya ha demostrado su inoperatividad».

Entre los consensos que hace un año habían prácticamente cerrado se sitúan temas tan espinosos como la nueva revalorización de las pensiones, la separación de fuentes, la necesidad de alargar la edad real de jubilación, la puesta en marcha de medidas para disminuir la brecha de género e incluso una reforma integral de las pensiones de viudedad y orfandad. La creación o no de un nuevo factor de sostenibilidad que incluya la esperanza de vida, la edad legal de jubilación y la definición de lo que es una pensión digna pueden ser los grandes escollos.

El primer gran acuerdo que anunció el Pacto de Toledo –aunque no fue suscrito por Esquerra– es la necesidad de que las pensiones vuelvan a revalorizarse cada año «en base al IPC real», con lo que se pondría el punto y final al Índice de Revalorización (IRP) que trajo la reforma del Gobierno del PP y que abocaba a los pensionistas a subidas mínimas del 0,25% mientras el sistema tenga déficit. «La Comisión constata que el vigente IRP no goza del suficiente consenso político y social», explica el borrador de la recomendación 2, que quedó consensuado a finales de 2018. Otra cuestión será establecer cuál es la inflación real cada año, puesto que puede tomarse de referencia la de noviembre, la de diciembre o la media anual, como ha hecho los dos últimos años el Ejecutivo.

La anterior Comisión dejó ya establecidas una serie de recetas con las que pretendían acabar en 2025 con el déficit que arrastra la Seguridad Social desde el año 2011 y terminar con la política de préstamos del Estado al sistema. Fijaron así que las cotizaciones sociales deben destinarse «exclusivamente» a pagar las pensiones contributivas y el resto de prestaciones se sufraguen «a través de aportaciones del Estado». Así, considera que tienen que correr a cargo de los Presupuestos y no de las cuentas de la Seguridad Social las políticas activas de empleo (tales como las bonificaciones a determinados colectivos o reducciones como la tarifa plana), los subsidios, las prestaciones de maternidad y paternidad, los gastos de personal, las ayudas a sectores concretos para poder prejubilarse y a determinados regímenes como el agrario o el del hogar, entre otros. Supone, por tanto, un paso más en el proceso de separación de fuentes que se puso en marcha en 1995 y un alegato por utilizar más impuestos para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las prestaciones.

La Comisión ve «necesario» reducir a dos los regímenes de cotización, de forma que estén por un lado los trabajadores por cuenta ajena y, por otro, los trabajadores por cuenta propia. En esta línea, urge a implantar un nuevo sistema para que los autónomos coticen por sus ingresos reales y, a la vez, que la protección social entre ambos regímenes sea «equiparable».

La denominada 'hucha de las pensiones' está prácticamente vacía:ha pasado de tener 66.800 millones en 2011 a apenas 2.150, lo que es motivo de preocupación para el Pacto de Toledo. Por ello, la recomendación 3 propone blindar este Fondo de Reserva que se creó para hacer frente a la jubilación del 'baby boom' con una dotación mínima igual al 7% del gasto anual en pensiones contributivas, lo que equivale actualmente a fijar un suelo en el entorno de los 10.000 millones.