La movilidad de los jubilados impide calcular el déficit de las pensiones en cada región

La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué déficit hay en cada comunidad autónoma? ¿En alguna región es sostenible el sistema de pensiones? Un debate que se ha avivado con el conflicto catalán –que enarbola el discurso de que Cataluña es la que más aporta– y la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco que ha pactado el Gobierno con el PNV, algo que también ha impulsado otro debate sobre si va a romperse la caja única, uno de los grandes pilares sobre los que se asienta nuestro sistema de pensiones.

La respuesta es no, ninguna comunidad autónoma es capaz de pagar con sus cotizaciones sociales las pensiones sin ayuda del Estado, con la única excepción de Madrid. Estos son los datos que se extraen de las balanzas fiscales autonómicas que por primera vez ha publicado el Ministerio de Hacienda ante la exigencia de Junts para defender lo que consideran la «singularidad» catalana. Aquí se dan a conocer los primeros saldos de gastos e ingresos por comunidades autónomas, entre los que se encuentran también los relativos a la Seguridad Social.

Sin embargo, estos datos hay que tomarlos con suma cautela porque, al menos en el caso de las pensiones, no reflejan la realidad de los ingresos y gastos regionales, no es posible realizar una estimación precisa y rigurosa de cuánto gasta e ingresa cada comunidad autónoma debido a los continuos movimientos de trabajadores y pensionistas que se realizan a lo largo y ancho de toda España.

El sistema de pensiones español tuvo un déficit de 32.400 millones en 2021 (últimos datos disponibles para Hacienda). La Seguridad Social ingresó a través de las cotizaciones sociales más de 106.000 millones de euros, recaudados a través de los seis regímenes que conviven: el General, el de los autónomos (RETA), el del Mar, el de la Minería, el agrario y el de las empleadas del hogar; no se han sumado aquí las cuotas recaudadas para los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ni para el cese de actividad de los autónomos.

Pero el gasto destinado a pagar las cinco clases de pensiones (jubilación, viudedad, orfandad, favor de familiares e incapacidad permanente) escaló hasta superar con creces los 138.000 millones (y ahora rebasan los 200.000 millones anuales). Por eso el Estado tiene que intervenir, realizando inyecciones y haciendo préstamos.

Los gastos e ingresos territorializados evidencian que ninguna autonomía resistiría al pago de las pensiones solo con las cotizaciones. Salvo Madrid, única región que tiene superávit: ingresa 938 millones más de lo que gasta. Pero esto se debe a que Madrid es, junto con Cataluña, el gran motor del empleo del país, con más de 3,6 millones de cotizantes en la actualidad pese a ser una comunidad pequeña.

Hasta la capital de España se desplazan muchos trabajadores desde el resto de provincias en busca de un empleo o de mejorar su actual situación laboral. Sin embargo, muchos de estos trabajadores, que han pasado la mayor parte de su vida laboral en Madrid, cuando se jubilan, regresan a su región natal o incluso se trasladan a otro lugar por ser más barato, más accesible o en busca del sol y el mar.

Tras Madrid, Murcia y Baleares son las autonomías con menor déficit: solo un 5,9% y un 7,7% de su gasto, respectivamente, no se cubre con sus ingresos. En el lado contrario, Asturias es la región con mayor déficit, hasta el punto de que su gasto triplica a sus ingresos. Cataluña, por su parte, tiene un agujero de más de 5.000 millones.

«Las pensiones se pagan donde se hayan generado, no donde se están cobrando», explica Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE, quien defiende que no tiene «ningún sentido» hacer balanzas fiscales de la Seguridad Social. «Partir la caja única de la Seguridad Social es una locura», sostiene.