El ingreso mínimo vital, una medida contra la pobreza «que no tiene en cuenta la realidad de la pobreza»

El Ingreso Mínimo Vital generó grandes expectativas que no se han cumplido aún. El Gobierno lo 'vendió' como un paso de gigante en el Estado del Bienestar y también como un símbolo de que su estrategia ante la crisis prioriza el rescate a las personas, y no a los bancos. Más allá del marketing político, las ONG que luchan contra la pobreza en España lo celebraron como una conquista de justicia social. Tres meses después de su aprobación, esas mismas organizaciones se sienten decepcionadas por su puesta en marcha y destacan la frustración que está generando entre los miles de personas que se aferraron al IMV como a un salvavidas. Los requisitos y el papeleo exigidos a los solicitantes, así como el retraso en la tramitación de las ayudas hacen que aquellas expectativas se hayan diluido.

Para entidades como Arrabal, que desde junio ha ayudado a más de 500 personas a pedir el IMV en Málaga -ninguna de ellas con respuesta positiva hasta el momento-, el problema del Ingreso Mínimo Vital va más allá del retraso en la tramitación de las solicitudes. Tiene que ver con el propio diseño de la ayuda. Julio García, responsable de la atención de personas en situación de especial vulnerabilidad en esta ONG, lo resume así: « Es una medida contra la pobreza que no tiene en cuenta la realidad de la pobreza».

¿Por qué lo dice? Para empezar, porque la única forma de presentar la solicitud es por Internet (no hay citas presenciales disponibles para pedir el IMV en Málaga). «No se ha tenido en cuenta la brecha digital que sufren las personas que necesitan esta ayuda ni las trabas burocráticas que tienen para acceder a los documentos que se exigen», argumenta García. Y el presidente de la misma asociación, José Antonio Naveros, pone un ejemplo muy claro: «¿Cómo va a presentar un certificado de empadronamiento una persona que vive en la calle?». Asi, no es tan extraño que alrededor de 90% de las solicitudes se estén rechazando.

Naveros considera que el IMV es una medida «muy positiva» que «dignifica a los que menos tienen», pero su puesta en marcha «está dejando mucho que desear». «No se han previsto mecanismos para acompañar a estas personas en la solicitud de la ayuda. Las entidades sin ánimo de lucro estamos haciendo lo que podemos pero no damos abasto», afirma. Como publicó este periódico el miércoles, de las 41.000 solicitudes que se han presentado en la provincia, apenas se ha tramitado el 10%, y sólo 224 han tenido respuesta positiva.

A nivel nacional, la proporción es similares: 750.000 solicitantes y apenas 80.000 ayudas concedidas. Cifras que contrastan con el anunció que hizo el Gobierno de que la ayuda llegaría a 800.000 familias con 2,3 millones de personas. El PSOE de Málaga hizo una extrapolación y aseguró que se beneficiarían 28.000 familias que suman 75.000 personas en la provincia. Cabe recordar que el departamento del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) encargado de tramitar las 41.000 solicitudes presentadas en Málaga está compuesto de seis funcionarios, a las que apoyan otros 20 en sus horas extra.