El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue aprobado por el Congreso de los Diputados a principios de junio con el voto positivo de todos los partidos. Se hizo tras una tramitación en tiempo récord que superó, contra todo pronóstico, las rivalidades y suspicacias entre las ... dos formaciones que gobiernan en coalición. Su objetivo era difícil de cuestionar: brindar un salvavidas a las familias más vulnerables ante el tsunami económico provocado por el coronavirus. Pero la urgencia con la que se diseñó el IMV no está trasladándose a la tramitación de las ayudas. Tres meses después, más del 90% de las personas que lo han pedido no han recibido respuesta. Y de las pocas solicitudes que se han tramitado, casi el 95% han sido denegadas.
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El verano ha transcurrido sin que el IMV haya paliado la situación de prácticamente ninguna familia malagueña necesitada. Ni el Ministerio de Trabajo ni la Subdelegación del Gobierno en Málaga han atendido la petición de información de este periódico sobre el número de solicitudes recibidas y tramitadas en la provincia. Desde ambas instancias remiten a las cifras estatales, que hablan de 750.000 solicitantes y apenas 80.000 ayudas concedidas.
La ayuda El IMV completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta un umbral de ingresos marcado para cada cada tipología de hogar. Para una persona sola es de 461,5 euros al mes.
Los requisitos El hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal. El solicitante tendrá que haber solicitado antes las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho.
El sindicato CSIF sí aporta datos provinciales: hasta el 25 de agosto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) llevaba registradas 41.507 solicitudes del IMV en Málaga. Esta cifra es la resultante tras filtrar las peticiones duplicadas, «que eran muchas», apunta el presidente provincial de dicha organización. Juan Carlos Pedrosa. Pues bien, de esas cuatro decenas de miles de expedientes, solamente se han resuelto 4.050: ni el 10% del total. Nueve de cada diez de estas resoluciones -3.826 de esas 4.050- han sido denegatorias por incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos. El número de familias que han visto reconocido su derecho al Ingreso Mínimo Vital hasta ahora en la provincia se reduce a 224.
Para CSIF, el motivo de este atasco en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital es muy claro: falta personal. «La gestión del IMV se adjudicó al departamento del Instituto Nacional de la Seguridad Social que lleva las prestaciones por hijo a cargo, que en Málaga tiene seis personas», indica Pedrosa. A esos seis trabajadores se suman 20 funcionarios de otros departamentos del INSS que, de forma voluntaria, cuando acaban su jornada hacen horas extra tramitando expedientes de IMV. «Es una plantilla claramente insuficiente para atender una avalancha de más de 40.000 solicitudes», afirma el presidente provincial de CSIF.
«Hay que tener en cuenta -prosigue Pedrosa- que son expedientes complejos, porque se requiere mucha documentación. Habitualmente falta algún papel y hay que hacer requerimientos a los solicitantes, además de cotejar datos con otras administraciones». Por ello, CSIF considera «absolutamente lógico» el retraso que se está produciendo en la tramitación de la renta mínima. Y puede ir a peor en los próximos meses, según advierte, porque cuando pasan tres meses desde que se ha presentado la solicitud se entiende que queda denegada por silencio administrativo y entonces el solicitante puede presentar una reclamación previa para exigir a la Administración que responda. Una avalancha de reclamaciones agravaría el colapso burocrático.
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La saturación del departamento dedicado al IMV no sólo provoca que tarden en tramitarse los expedientes ya presentados, sino que no haya citas disponibles para presentar nuevas solicitudes de forma presencial en el INSS en Málaga. Lo mismo ocurre en muchos ayuntamientos, según denunciaba UGT hace unos días. Y esto plantea un perjuicio añadido para los potenciales beneficiarios: según la ley que regula el IMV, sólo tienen derecho a cobrarlo con efectos retroactivos a 1 de junio quienes realicen la petición de la prestación antes del 15 de septiembre.
El dirigente sindical plantea que la solución a este colapso no es otra que reforzar la plantilla del INSS en Málaga, muy mermada en los últimos años por jubilaciones, traslados y fallecimientos. «Hay 350 funcionarios, cien menos de los que había hace unos años», asegura el representante de CSIF, que no obstante reivindica que Málaga está entre las provincias que más expedientes ha resuelto hasta la fecha, por delante de Madrid o Barcelona. De hecho, según sus datos, es la tercera a nivel nacional, por detrás de Valencia y Murcia.
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