Yolanda Díaz, abierta a reformar la indemnización por despido tras fallar Europa que ni es «reparatoria ni disuasoria»

La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (entidad similar a la de derechos humanos, pero para asuntos vinculados a empresas y trabajadores) contra la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente, que «viola» el artículo 24 de la Carta Social Europea, ha hecho reaccionar al Gobierno. Así, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que convocará a sindicatos y empresarios para pactar cambios. «El despido es un elemento más que va a ser susceptible de reforma» y ha remarcado que se abordará en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea.

Las declaraciones de Díaz se producen después de conocer un fallo (adelantado por UGT), que considera que las indemnizaciones en España por despido improcedente tienen que servir para «cubrir los daños causados a la víctima» y en lugar de eso «no son disuasorias ni reparatorias». Según ha comunicado a la prensa este lunes UGT, esta resolución recoge que la indemnización por despido improcedente en España es injusta y no disuade lo suficiente a las empresas de despedir, lo que abre la puerta a una modificación legal que elimine ese tope de dos años en la indemnización o que «lo eleve significativamente».

Con esta decisión, el organismo europeo da la razón al sindicato UGT, que presentó una denuncia en 2022 por entender que el coste del despido en España incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT al fijar la indemnización por este tipo de despidos en 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. La queja sindical llegó por los cambios fruto de la reforma laboral de 2012, que abarató el despido, al acabar con la indemnización de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 48 mensualidades, eliminó los salarios de tramitación y flexibilizó las causas que las empresas alegan para rescindir un contrato.

Aunque se prevé que el fallo se haga público el próximo 29 de julio, Díaz ha reconocido que conoce el contenido de esa resolución, que se acomoda a las antecedentes de materias más o menos idénticas ante denuncias que se formularon en otros Estados miembro. «He de decirles que en el acuerdo de Gobierno está contemplada esta materia y es clave que lo que es fuente de derecho europeo, como hemos hecho en otras materias en nuestro país, forme parte de nuestra legislación», ha remarcado la vicepresidenta en declaraciones a la prensa antes de visitar la Fundación Laboral de la Construcción.

No obstante, Díaz ha señalado que los empresarios no contratan a la ciudadanía para despedirla y ha asegurado que España es un país en el que el despido «no es un problema». «Lo digo con absoluto conocimiento», ha enfatizado. «La clave está en que tengamos herramientas ante coyunturas que pueden ser empresariales, de crisis o de sectores de lo que fuere, que acompañemos a esos procesos, pero no es necesario despedir a nadie», ha subrayado.

La resolución del Comité Europeo no es vinculante, aunque el Gobierno español firmó la Carta Social Europea y se comprometió a cumplir las decisiones de este órgano. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado que este fallo introduce un concepto nuevo para la legislación española, que consiste en que la indemnización por despido no puede ser conocida con antelación por los empresarios porque «pierde el efecto de disuasión». Álvarez enfatizó que la reclamación no se puso con el fin de incrementar las indemnizaciones, «sino para que no haya tanta ligereza a la hora de despedir».

Además, ha pedido recuperar los salarios de tramitación (los que percibiría el trabajador en el periodo que va desde el despido hasta que se produce la resolución judicial) «para asegurar que los trabajadores no sufran pérdidas financieras durante el período de litigio»; fomentar la reincorporación de los trabajadores y asegurar un tramitación judicial más rápida, «reduciendo los retrasos judiciales».

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