Un tribunal suspende a un profesor de FP por llamar «pokemon» y «transformer» a sus alumnos

El TSXG ha tenido en cuenta el informe del Servicio de Inspección Educativa de fecha 19 de febrero de 2021, en el que indica que, a lo largo de los cursos 2018-2019 y 2019-2020, el director del centro tuvo que advertirle, «de manera verbal y en reiteradas ocasiones», que su actitud en el aula y respecto del alumnado, así como su práctica docente, «no eran las más acertadas», ya que habían recibido en Dirección numerosas quejas del alumnado, las cuales prosiguieron en los cursos posteriores. Finalmente, el 17 de marzo de 2021 la Xunta adoptó el acuerdo de incoación del procedimiento disciplinario contra el demandante y, el 21 de diciembre de 2021, dictó la resolución sancionadora.

El castigo por la falta injustificada de rendimiento se basó en los siguientes hechos: no informar al alumnado de la programación didáctica; impuntualidad; falta de explicación de la materia; incoherencia en criterios de calificación; los exámenes no demostraron la consecución de los objetivos específicos; en algunos exámenes figuran comentarios como «un desastre» o «muy flojo», sin realizar ningún análisis ni indicación; el único instrumento de evaluación era un examen por trimestre; no utilizó en ningún momento el aula virtual ni los medios dispuestos por la Xunta; utilizó el WhatsApp como instrumento telemático; y no cumplió con las instrucciones recibidas por parte de la Jefatura de Estudios.

La Sala subraya que, tanto a través de la prueba testifical de, al menos, ocho alumnos, y de la declaración de la jefa de estudios, ha quedado acreditado que el profesor «se ausentaba habitualmente del aula sin justificación durante las clases y dejaba solo al alumnado». Además, el TSXG destaca que han quedado debidamente acreditados «todos y cada uno de los hechos en que se ha fundado la imputación de falta injustificada de rendimiento».

Desconsideración

En cuanto a los hechos consistentes en la desconsideración grave el alumnado, el alto tribunal gallego también ha entendido probado el empleo de apodos inapropiados «para referirse a muchos alumnos, ridiculizándolos y descalificándolos» con el empleo de expresiones como «Pokemon», «Miau», «Transformer» o «drogadicto»; así como la utilización de contestaciones desagradables, cortantes o displicentes con algunos alumnos; el trato de favor respecto a algunas alumnas por su aspecto físico y edad; el empleo de comentarios sexistas e insinuantes para referirse a algunas de las alumnas; la realización de preguntas innecesarias y personales; la intervención en las conversaciones de las chicas en el aula; y comportamientos inapropiados, sin seguir las pautas pedagógicas a las que está obligado un docente.

El TSXG, de esta forma, ha rechazado el recurso interpuesto por el profesor contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra que confirmó ambas sanciones. Los magistrados explican que en la resolución sancionadora «se justifica la sanción impuesta por la infracción grave de falta injustificada de rendimiento con el argumento de que estamos ante conductas persistentes a las que debe imputarse un alto grado de culpabilidad, en cuanto que el inculpado fue advertido de lo incorrecto de su conducta, sin modificarla (salvo en lo relativo al uso de WhatsApp y en el registro de faltas de asistencia), a lo que hay que añadir la incidencia negativa a los intereses públicos y del alumnado».

Además, el TSXG subraya que, singularmente, «en lo referido al deficiente uso de los medios telemáticos en los momentos en los que la relación profesor-alumno y el proceso de aprendizaje se sostenía en esos medios, el uso deficiente de los instrumentos de evaluación, las ausencias injustificadas del aula y la metodología empleada, cuestiones que limitaron de manera notoria el derecho del alumnado a una enseñanza de calidad».

Respecto a la sanción de suspensión de funciones impuesta por la desconsideración grave hacia los alumnos, los magistrados destacan que «igualmente concurre la intencionalidad, persistencia y daño a los intereses públicos y particulares de los alumnos». Los magistrados destacan que los hechos imputados «se refieren a conductas continuadas que se han producido a lo largo de un curso académico, por lo que no resulta imprescindible la especificación de fechas respecto a los que se imputan, siendo así que los testimonios han sido tan claros, concretos, coherentes y congruentes, que no cabe dudar de ellos, máxime al ser coincidentes con los documentos que los apoyan». La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.