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Trabajaba en El Casar, un pequeño municipio de Guadalajara, donde aprovechó su condición de cartero para apropiarse de las cartas que el Banco Santander envió a 15 clientes con las tarjetas de crédito o débito y su pin asociado. Con ellas en su poder y con la activación de la clave, llegó a retirar -con cantidades que oscilaban entre los 40 y 1.000 euros- más de 20.000 euros. Y no solo en Guadalajara, también sacó dinero de cajeros situados en Madrid, Gandía (Valencia), Almería, Murcia y Málaga.
Ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 3 años y 6 meses de prisión por un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos, en concurso con un delito continuado de estafa, y al pago de 22.900 euros al Banco Santander en concepto de responsabilidad civil.
La condena, que fue dictada inicialmente por la Audiencia Provincial de Guadalajara y ratificada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, fue recurrida por el condenado al Alto Tribunal al considerar que la sentencia se basaba en «conjeturas y suposiciones» ante la ausencia de prueba directa en tanto que nadie le vio haciéndose con las tarjetas, los pin y DNI de los titulares de las tarjetas, ni tampoco sacando el dinero de los cajeros, de modo que «el jurado se ha decantado en todo momento por la interpretación de unas pruebas poco o nada sólidas». El condenado alegó que las imágenes tomadas en uno de los cajeros no eran «esclarecedoras», pues la testigo que declaró «no merece la credibilidad otorgada por el Tribunal», ya que tenía mala relación con él «y solo lo reconoció en un 80% y no al 100%, por lo que los hechos pudieron ser cometidos por otras personas».
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Pero el Supremo avala la actuación de los tribunales y tilda de «inevitable» la autoría del condenado. «El juicio de inferencia del TSJ es totalmente correcto y no puede ser tachado de absurdo o irracional, resultando inevitable concluir sobre la autoría del recurrente tal y como hizo el Jurado y confirmó la sentencia recurrida, refiriendo hasta nueve indicios que lo confirman. Así, parte de que el acusado era cartero en la localidad a la que se remiten una serie de cartas conteniendo documentación del Banco de Santander (tanto las tarjetas como los pines de las mismas), de que el contenido de las tarjetas en los sobres (fácilmente identificables por su color rojo) es algo que puede constatar cualquier persona por el tacto, de que al poco tiempo y en sobre con el logo del mismo banco se remitía el pin de las tarjetas previamente remitidas y detectadas mediante el tacto, de que el acusado como cartero y aprovechando la entrega de correos certificados o paquetes podía obtener el DNI de los destinatarios», recoge la sentencia.
Argumenta el tribunal que en el área de El Casar solo hay siete carteros y a los perjudicados no se les entregaron las cartas que contenían las tarjetas y los pines sin que sus buzones estuvieran forzados.
Siendo previsible que uno de estos carteros fuera quien interceptaba las cartas, la jefa de reparto de la oficina de Correos solo reconoció al acusado en las imágenes de las extracciones, hasta el punto de que únicamente este cartero fue geolocalizado en las inmediaciones de los cajeros en los que se retiró el dinero.
Destaca la Sala que el acusado sufría una «precaria situación económica» y de que «las extracciones se hacían siempre en los cuatro días después de los que el acusado trabajaba», por lo que «es claro que todos los indicios (plurales) apuntan en una única dirección».
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