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Los mayores de 45 años acaparan tradicionalmente las cifras más altas de parados de larga duración. Si hace dos décadas el porcentaje de este colectivo con respecto al total nacional representaba algo más del 20%, un informe presentado este año por el Servicio Público de ... Empleo Estatal (SEPE) recogía que estas personas suponen más del 56% de los desempleados totales en el país. Un drama que afecta a casi un millón y medio de personas en España, que no ha pasado inadvertido en los asuntos negociados por PSOE y Sumar para llegar a un acuerdo que les permita gobernar juntos después de las elecciones del pasado 23 de junio.
Así, el documento firmado por ambas formaciones 'Una nueva coalición de gobierno progresista para España' recoge expresamente en su apartado 2 ('Más y mejores empleos, con más derechos y mejores salarios') que se llevará a cabo «un plan de choque frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años». En este sentido, anuncia que se desplegarán «los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024, que les permita acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación», subrayan.
En su presentación, el presidente en funciones Pedro Sánchez hizo un guiño a los desempleados de larga duración, refiriéndose a ellos como «gente de nuestra quinta, 50 años, que está sufriendo». Esta puesta en escena se produce después de que hace unos meses la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, invitara a las empresas a que contratasen personas mayores, «al estar en lo mejor de sus carreras». En aquella ocasión, Díaz hizo un llamamiento a las comunidades autónomas para que se implicasen en esta labor de reducir el paro de larga duración, que sufren especialmente los mayores de 45 años.
Por eso ante el aumento de desempleados en ese tramo de edad por el envejecimiento de la población y las dificultades para encontrar un nuevo trabajo, el SEPE ofrece un subsidio de 480 euros mensuales durante seis meses a quienes hayan agotado su prestación contributiva, sean mayores de 45 años, carezcan de rentas y no tengan responsabilidades familiares.
Precisamente, ese punto referido a los desempleados seniors forma parte de una negociación que arrancó hace tres meses entre ambas formaciones y que culminó con un acuerdo cerrado en la madrugada de este pasado martes, tras intensificarse los contactos el lunes, consiguiendo salvar el principal escollo que era la reducción de la jornada laboral. La fórmula consensuada de despliegue gradual hasta conseguir las 37,5 horas de jornada laboral (para 2025) requerirá previsiblemente un proyecto de ley que readapte el estatuto de los trabajadores con alguna disposición transitoria.
Y desde luego se abordará esta medida con el diálogo social, como todas las materias en el campo laboral, pero desde el convencimiento de que en ningún caso puede haber «veto» a la iniciativa del Gobierno en caso de desacuerdo entre patronal y sindicatos.
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