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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció en marzo de este año ante la Dirección General de Consumo a la farmacia online Farmaferoles tras recibir a través de su plataforma 'Reclamar' más de 680 reclamaciones públicas. Apenas unos meses después, las quejas han ido en aumento hasta llegar a las 1.177 y, por ello, la organización ha decidido elevar una demanda civil en los juzgados de Burgos, provincia en la que tiene su domicilio esta farmacia.
La OCU considera que Farmaferoles ha incurrido «de forma continuada en prácticas comerciales desleales contra los consumidores, que cuentan además con protección prioritaria en el ámbito de los medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos y de higiene personal».
La mayor parte de las reclamaciones contra esta farmacia online tienen que ver con pedidos no entregados ni reembolsados, pedidos en malas condiciones o caducados, así como amplios retrasos en el plazo de entrega, explica la OCU.
La organización de consumidores explica que ya se puso en contacto con la empresa en enero de 2022 con el objetivo de llevar a cabo una mediación, pero no obtuvo respuesta. En septiembre de ese mismo año presentó una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, pero esta denuncia fue archivada «sin motivación alguna por parte de la citada dirección general», según la OCU. El paso siguiente fue presentar una denuncia ante Consumo y, finalmente, una demanda civil en los juzgados de Burgos.
La OCU recuerda que la Ley General de Defensa de los Consumidores establece un plazo máximo de entrega de 30 días en las compras a distancia, como son las realizadas a través de la web. También estipula la obligación por parte del establecimiento o prestador del servicio de devolver de forma inmediata las cantidades abonadas en caso de no haber entregado el producto, además del derecho del consumidor a reclamar la devolución del doble del importe pagado.
La organización de consumidores considera que la farmacia denunciada ha incumplido de forma reiterada estas obligaciones, «como detallan las numerosas reclamaciones de consumidores afectados».
OCU ha denunciado también estas malas prácticas a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que, de acuerdo con la normativa vigente se abra un procedimiento de inspección y sanción.
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