La OCU asegura que es el consumidor el que sufraga el bono social y así se refleja en la factura de la luz

Hasta el año 2022, la financiación del bono social (descuento en la factura eléctrica para personas vulnerables con contrato PVPC) recaía únicamente en las comercializadoras de energía. Pero tras una sentencia del Tribunal Supremo, que declaró que este sistema vigente desde 2016 no podía mantenerse, y la posterior publicación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo (actualizada en la Orden TED/733/2022, de 22 de julio), se estableció que el coste de esta ayuda pasaría a ser sufragado por todos los sujetos que participan en las actividades de la cadena de suministro de energía eléctrica: el sector de la generación eléctrica, comercializadoras, distribuidoras, transporte en redes de alta tensión y los consumidores directos.

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que, aunque sobre el papel son las empresas las que sufragan el bono social, en realidad es el consumidor eléctrico (incluido el que se beneficia del bono social) el que lo financia de manera directa o indirecta.

De ahí, que un nuevo concepto se haya colado en la factura de la luz; la mayoría de las comercializadoras lo han denominado 'Financiación Bono Social' y «trasladan exactamente el mismo coste que tienen que pagar ellos», señala la OCU.

Cada año se establece la cuantía concreta que tienen abonar cada una de las partes para sufragar entre todos el bono social.

En el caso de las comercializadoras, la OCU apunta a que si bien durante 2022 y 2023 el importe superó los 13 euros al año, durante 2024 se ha reducido 2,299047 euros al año por cada suministro, por lo que el importe que se refleja en la factura de la luz PVPC, se tenga o no bono social, es de 0,03388571 euros/día aproximadamente.

La organización de consumidores destaca un hecho y es que, como los beneficiarios del bono social tienen contratada la tarifa PVPC sobre la que se aplican los descuentos, también deben contribuir a su financiación y «en su factura verán tanto el descuento por el bono social como el recargo por su financiación».

Pero, no solo las comercializadoras trasladan a sus clientes el coste con el que tienen que contribuir al bono social mediante el concepto antes señalado, sino que las compañías que producen electricidad pueden incrementar el precio al que la ofrecen y costear así el importe que les corresponde a ellas sufragar de la ayuda, de modo que el precio de la electricidad subirá por ese mismo importe.

Por su parte, las empresas que se dedican al transporte y distribución de energía, cuyo negocio es regulado y operan con tarifas fijadas por la administración, solo necesitan que les reconozcan ese nuevo coste, y sea trasladado a los peajes que cada año son revisados y pasan a formar parte de nuestra tarifa eléctrica.

«Algo que no ocurriría si, por ejemplo, se hubiera decidido que solo las empresas con un peso significativo en el mercado tuvieran que hacerlo. Estas no tendrían tan fácil trasladarla al precio porque otras empresas, sin ese sobrecoste, competirían más fácilmente en el mercado», afirma la OCU.

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