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Este lunes, 29 de enero, era la fecha inicialmente prevista por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para volver a sentarse con patronal y sindicatos y renegociar la reforma de los subsidios por desempleo, que el pasado 10 de enero fue tumbada en el pleno del Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP, Vox y los cinco decisivos de los diputados de Podemos (hoy ya son cuatros después de que Lilith Verstrynge haya dejado el partido y su acta de diputada). Pero ya no habrá reunión. El encuentro se pospone y la reforma acumula un nuevo retraso. Habrá que esperar, al menos, una semana más para que se produzca ese encuentro, porque el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey (habitualmente negocia con los agentes sociales), acompaña a Díaz en viaje oficial a México esta próxima semana.
A la vuelta, Trabajo intentará consensuar la reforma con los agentes sociales para después buscar los apoyos parlamentarios necesarios, principalmente los de la formación morada, que desde el principio se opuso a los cambios que el Gobierno había planteado en el nuevo subsidio para mayores de 52 años.
La norma, ahora derogada, mantenía la cuantía esta ayuda asistencial en los 480 euros actuales, pero rebajaba progresivamente la base de cotización para la jubilación: el 120% en 2024; el 115% en 2025; el 110% en 2026; el 105% en 2027 hasta llegar al 100% en 2028. Ese fue precisamente el aspecto que rechazó Podemos al entender que se trata de un recorte de la prestación para este colectivo, algo que niegan desde el Ministerio de Trabajo, argumentando que al elevar el importe del Salario Mínimo ya no es necesario seguir manteniendo la base de cotización actual del 125%.
Si bien la reforma de los subsidios, ahora aparcada temporalmente, preveía entrar en vigor el 1 de junio, lo cierto es que al Gobierno se le agota el tiempo para sacarla adelante. Le urge sobremanera porque su aprobación va ligada al cuarto desembolso de fondos de recuperación europeos por importe de 10.021 millones de euros, pago que podría ponerse en riesgo si finalmente se retrasa.
El plazo vence el 20 de marzo, fecha establecida por la Comisión Europea para evaluar los hitos asociados al cuarto desembolso, solicitado por España el pasado 20 de diciembre, días antes de que el Congreso derogase el decreto ley que incluía la reforma con el voto en contra de PP, Vox y Podemos.
El reloj corre así en contra del Gobierno, pero, también, de los desempleados, muchos de ellos desconcertados con esta situación transitoria, aunque hasta la aprobación de la reforma en el Congreso, se mantiene vigente el modelo actual.
El foco está ahora en cómo debe cotizar el subsidio para mayores de 52 años cara a la jubilación. Podemos ya ha dejado clara su oposición a lo que consideran un recorte en la futura pensión de los perceptores de este subsidio, algo que niegan desde Sumar que defiende que las subidas del SMI que se acometan en los próximos años serán suficientes para compensar la reducción en la base mínima.
En medio están los sindicatos, que coinciden en su desacuerdo con el sistema de cotización que introducía la norma derogada y alertan de los riesgos de crear un subsidio a dos velocidades entre quienes empiecen a cobrarlo y los que ya lo hacían con la norma anterior.
Por su parte, la patronal quiere que esta reforma sirva para que estos desempleados, en su mayoría de larga duración, puedan volver a reincorporarse al mercado laboral.
Además de esta prestación para los mayores de 52 años, la reforma aborda otras novedades, como la incorporación al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
Además, se unifica la duración de este subsidio en los casos de tener responsabilidades familiares con independencia de la edad en el momento de agotar la prestación. También se podrán acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes quienes acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses y carezcan de responsabilidades familiares.
La norma aprobada por el Consejo de Ministros establece, asimismo, la posibilidad de compatibilizar el subsidio por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial durante los primeros 180 días sin pérdida de cuantía, frente a los 45 días planteados inicialmente por Trabajo.
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