Un nuevo decreto introduce cambios en las bonificaciones y rebajas en las matrículas universitarias

Se conoce como decreto regulador de los precios públicos de los servicios académicos y administrativos y la Junta de Andalucía lo tiene en estos momentos sometido a información pública hasta el próximo 29 de febrero con el fin de que los colectivos implicados y la sociedad en general puedan realizar aportaciones y propuestas al proyecto normativo. Pero ya se pueden anticipar las importantes novedades que incluye para los estudiantes universitarios y que se aplicarán en el próximo curso académico 2024/2025.

Una de ellas es que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación suavizará en el próximo curso las exigencias para acogerse a la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula a aquellos universitarios que se encuentren en una situación extraordinaria sobrevenida por un accidente o una enfermedad grave.

Lo habitual es que un universitario que pase por alguna de estas circunstancias anule la matrícule ante la imposibilidad de continuar con los estudios. El problema llega cuando los retoma y no puede acogerse a la bonificación por no cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos, haber estado matriculado durante todo el curso anterior.

El nuevo decreto establece que aquellos estudiantes que justifiquen debidamente esas circunstancias graves quedarán exentos de cumplir el requisito de estar matriculado en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para el caso de la bonificación de los estudios de grado o en los dos años académicos anteriores para la compensación de los créditos de máster.

Otras de las novedades que incorpora el documento es la rebaja de al menos el 5% de los precios de las terceras, cuartas y sucesivas matrículas universitarias.

Como explica la Junta en un comunicado, en la comunidad andaluza, en los casos de la primera o segunda inscripción se fija un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan las enseñanzas deseadas, con el fin de no condicionar al estudiantado por razones económicas a la hora de elegir la titulación. Además, se les aplica una política de congelación de precios públicos.

Sin embargo, a partir de la tercera matrícula no se aplican esos criterios, sino que el coste del crédito se establece en función de las áreas a las que pertenecen las enseñanzas y éste se incrementa progresivamente en las posteriores matriculaciones.

De acuerdo con el nuevo proyecto normativo, en las enseñanzas de grado, las tasas en la tercera matrícula oscilarán entre los 45,43 y los 51,74 euros, dependiendo de la rama; y en el caso de la cuarta matrícula y sucesivas, los importes variarán entre los 60,58 y los 71,93 euros. En cuanto a los másteres habilitantes, la bajada situaría el coste entre los 49,22 y los 55,53 euros para las terceras inscripciones y entre los 65,62 y los 76,98 euros para las cuartas. Para los másteres no habilitantes y doctorados, las referencias de precios pasan a situarse entre los 49,25 y los 56,09 euros en las terceras y en los 65,66 y los 76,61 euros para las cuartas y posteriores.

Además de estas dos grandes novedades, el nuevo decreto de precios públicos mantiene invariables los precios públicos de los servicios académicos y administrativos, lo que implica que las matrículas universitarias tampoco subirán.

Junto a ello se contemplan otras medidas como la posibilidad de abonar el importe de las enseñanzas que cursan los estudiantes de manera fraccionada hasta en ocho plazos. Asimismo, con carácter excepcional, la Consejería de Universidad autoriza a las instituciones académicas públicas a establecer, de manera individualizada y con el fin de atender las especiales circunstancias que presenten los alumnos, un procedimiento de pago diferente.

Las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital tampoco tendrán que abonar el pago de las tasas como hasta ahora y, por otro lado, las universidades públicas andaluzas no incrementarán los precios de sus servicios administrativos, tanto de evaluación y pruebas como de expedición de títulos y tasas de secretaría.

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