Nuevas obligaciones para las familias con empleadas de hogar: evaluar los riesgos de la casa y facilitar pruebas médicas y formación en horario laboral

El colectivo de empleadas de hogar (en femenino, porque mayoritariamente son trabajadoras) avanza en la conquista de nuevos beneficios laborales tras las medidas introducidas por el Gobierno en el real decreto ley aprobado este martes en Consejo de Ministros. Un paso más en el largo camino de estas profesionales para lograr la plena equiparación de derechos con el resto de trabajadores.

Entre esas medidas que tendrán que tomar ahora en consideración las familias o el empleador que contrate a una trabajadora para desarrollar labores en la casa o cuidado de niños o ancianos hay una en la que el Ejecutivo ha hecho especial hincapié, dado que va dirigida a protegerla en su lugar de trabajo, aunque sea una casa particular. En este sentido, tendrán que evaluar los riesgos laborales de sus viviendas, a través de una herramienta 'on line' que facilitará el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Con ello se quiere abordar uno de los grandes problemas de este colectivo, que se siente desprotegido al trabajar en domicilios particulares, y contrarrestar la imposibilidad de que la Inspección desarrolle visitas presenciales, dada la inviolabilidad del domicilio.

Asimismo, la norma prevé también la obligatoriedad de proporcionarle a la empleada medidas de protección adecuadas y el derecho de la trabajadora a recibir formación en riesgos laborales durante su jornada laboral por parte del SEPE. «No va a suponer ningún coste para las familias», ha señalado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda posterior al Consejo de Ministro, si bien es cierto que ese periodo de tiempo que forma parte de su jornada y que se dedicará a formación sobre riesgos -o será compensado con horas de descanso- se producirá dentro del tiempo de trabajo por el que reciben un salario. Según ha explicado su ministerio en un comunicado, la norma garantizará también que las empleadas del hogar «podrán paralizar su actividad en caso de riesgo grave e inminente sin que pueda suponerles ningún perjuicio».

Además, el nuevo decreto contempla el derecho de estas trabajadoras a reconocimientos médicos (al menos uno cada tres años, aunque tenga varios empleadores) y que se respete el protocolo frente a situaciones de violencia y acoso sexual que elaborará el Ministerio de Trabajo. «Estas mujeres son las que cuidan, las que hacen las tareas dentro del hogar, las que enferman, pero no tenían reconocimientos médicos», ha precisado Díaz. Además, ha querido dar «toda la tranquilidad» precisando que esto no supondrá carga alguna para familias, ya que el Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de la realización gratuita de estos reconocimientos médicos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. «Nadie va a ver incrementados sus gastos. Si lo quieren hacer, podrían formalizar un contrato de seguro o concertar con las entidades, las mutuas, pero si no quieren, van a tener derecho en los servicios públicos», ha explicado, añadiendo que es «una conquista clave».

Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, en agosto hubo 360.077 empleados del hogar dados de alta a la Seguridad Social, de los que 344.303 son mujeres. Son unas 30.000 menos de las que estaban afiliadas en agosto de 2019, ya que este colectivo ha ido disminuyendo en los últimos años a medida que ganaban en derechos o subía el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que en algunos casos las ha empujado a la economía sumergida.

En cuando a los plazos, al menos hasta enero de 2026 se retrasa la entrada en vigor de las nuevas obligaciones, ya que no serán exigibles hasta seis meses después de que el INSST tenga lista la plataforma de evaluación de riesgos, un desarrollo para el que dispone de un plazo de diez meses (hasta julio de 2025).

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