Un juzgado de Málaga perdona a una mujer los diez préstamos que pidió para costear una demanda por negligencia médica

Hace una década que una negligencia médica (así está reconocido en una sentencia) limitó considerablemente la vida de su hijo. Desde ese momento emprendió una cruzada judicial contra la Seguridad Social para que se hiciera justicia y los responsables asumieran su culpa, pero con un coste económico que resultó finalmente inasumible: diez préstamos por importe de 29.241,50 euros. Demasiada deuda para una pensionista incapacitada para cualquier trabajo y con ingresos inferiores a mil euros.

Por eso, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torremolinos ha exonerado a esta mujer de Benalmádena, que buscó ayuda en la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, tras acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

En la actualidad y aunque se muestra optimista, el caso contra la Seguridad Social sigue abierto. Por eso, ante la posibilidad de que el proceso judicial se alargase en el tiempo y siguieran creciendo las deudas, decidió acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y poner fin a una endemoniada deriva económica.

Los problemas empezaron hace tres años cuando dejó de pagar al banco. Su situación no se lo permitía. A partir de ese momento comenzaron las llamadas de recobro y amenazas de embargo. Su vida se convirtió en un calvario. «Este acoso suele ser normal y provoca en el asociado una situación de malestar y de estrés imposible de afrontar por sí solo, aunque en este caso, hablamos de una mujer fuerte y a la que poco podían amedrentar ya los acreedores», resalta José Domínguez, abogado de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.

Recuerda que tras explicarle la opción de la Ley de la Segunda Oportunidad, la deudora decidió emprender este procedimiento de liberación financiera a principios de 2020. «Nada más iniciar el proceso ya obtuvo un respiro económico importante: la paralización de cualquier pago por los préstamos y tarjetas, así como del devengo de intereses», expone. Además, cualquier ejecución o embargo quedó en suspenso hasta que el caso se resolviera. «Otra ventaja que no debe pasar por alto es que cesó considerablemente el acoso de los acreedores, permitiendo una mejora en la salud del asociado».

A partir de ahí, desde la asociación se intentó llegar a un acuerdo extrajudicial con todos los acreedores -a pesar de ser un número elevado- con el fin de poder pagar una cuantía mensual acorde a los ingresos del deudor. Sin embargo, la negativa de los bancos a aceptar tal propuesta impidió que este convenio se materializase. «No obstante, esto se convirtió en la mejor noticia, dado que ya quedaba demostrada la buena fe del interesado y así optaba a conseguir la cancelación y perdón de todo lo que debía», afirma Domínguez.

Tras este intento de acuerdo, se solicitó al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torremolinos que se exonerara el 100% de las obligaciones pendientes de la deudora, lo que fue aceptado. «Esto le permitió una segunda oportunidad y comenzar de cero sin lastres financieros», aclara el abogado.

Para acogerse al procedimiento es necesario cumplir una serie de requisitos, que han cambiado con la reforma concursal. Estos son: la insolvencia del interesado, no haber estado en concurso los últimos cinco años y carecer de delitos de orden socioeconómico.

Una vez comprobadas estas condiciones se dictó la resolución definitiva en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torremolinos concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) y dejando a esta deudora libre de pagar 29.241,50 euros.

Con esta sentencia los acreedores -entre ellos Caixabank, Wizink o Cofidis- no podrán reclamar ningún pago más ni incluir en fichero de morosos a la ya exdeudora.

Desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento subrayan que las casi 400 exoneraciones conseguidas durante el 2023 demuestran la importancia de este procedimiento ante el aumento de la insolvencia en España.

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