Un juzgado absuelve al presidente de una comunidad de vecinos que llamó «ladrón» al administrador de fincas

La reunión que celebró ese día la comunidad de vecinos tomó una deriva que ha terminado finamente en los tribunales. El debate del orden del día fue subiendo de tono hasta que el presidente acabó acusando de «ladrón» y de «robar» al administrador de fincas delante del resto de propietarios. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid considera que estos términos injuriosos no siempre son contrarios a derecho, sobre todo si tienen «cierto fundamento» al justificarse el uso irregular de un dinero. Así, ha decidido absolver al presidente de esa comunidad de vecinos de pagar 2.000 euros al gestor. Para la Sala prevalece el derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor del demandante.

Según recoge la sentencia, una vez celebrada la polémica reunión (tuvo lugar el 23 de diciembre de 2020), el presidente envió una carta al Colegio de Administradores de Fincas de Madrid pidiendo que destituyera al administrador, ya que éste se negaba a enseñar las actas de las juntas vecinales e informar de las cuentas. Aunque, en general, el tono era conciliador, algunas acusaciones realizadas al gestor, como «se fue de nuestro barrio porque también le pegaron dos veces y no queremos llegar a denunciar», causaron su indignación y posterior denuncia en el juzgado de primera instancia número 63 de Madrid, que estimó la demanda y condenó inicialmente al presidente a abstenerse de realizar intromisiones similares y a pagar una indemnización por los daños morales causados.

Pero la Audiencia Provincial de Madrid no comparte «la visión de la magistrada de instancia» y analiza los dos momentos en que el administrador de fincas sintió vulnerado su honor, como fue la carta a su colegio profesional y las acusaciones públicas en la reunión de vecinos. En cuando a la misiva, consideran que fue para «abrir una vía para solucionar, del modo menos gravoso, el grave conflicto».

Supuesto distinto fueron las acusaciones públicas. En este sentido, declaran que «objetivamente los hechos denunciados no revisten gravedad», pues «son habituales los conflictos entre comunidades de propietarios y administradores». «Las palabras vertidas en la junta están directamente relacionadas con lo que se considera y denuncia como una mala actuación del administrador. No puede afirmarse que el término ladrón o la expresión robar sea un insulto injustificado cuando con cierto fundamento se puede dudar de la gestión y empleo adecuado de los fondos comunitarios por parte del administrador», subraya el fallo.

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