Las empresas tendrán tres meses, como máximo, para adaptar el puesto a las nuevas necesidades de un trabajador al que se le haya reconocido una incapacidad permanente o para cambiar a otro, según desee el afectado y siempre que no se justifique que ello supone un «coste excesivo». Además, durante el periodo de espera, el trabajador percibirá el subsidio de Incapacidad Temporal, «lo que permitirá evitar vacíos de cobertura en la protección», subraya el Gobierno. Son las alternativas que se abren ahora después de que este martes el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley que elimina como causa automática de despido el reconocimiento de la incapacidad permanente del trabajador.
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«Se corrige una discriminación histórica de los trabajadores con discapacidad y una vulneración de sus derechos fundamentales», afirma la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión que dio luz verde a la reforma del artículo 49.1 del Estatuto de Trabajadores, comprometida con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y que inicia ahora su tramitación parlamentaria para ser aprobada en las Cortes.
La modificación de ese artículo concreto eliminará la referencia a la extinción automática por Invalidez, Incapacidad Permanente Absoluta e Incapacidad Permanente Temporal, separando con ello estas causas de la muerte de la persona trabajadora. «La Incapacidad Permanente no ha de suponer la muerte civil y laboral de la persona trabajadora», añaden.
La posibilidad de extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa, se condiciona a la voluntad del trabajador que podrá solicitar la adaptación del puesto de trabajo o el cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.
El texto aprobado también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y, en su caso contrario, si son excesivos en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocio de la empresa.
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Finalmente, el cambio legislativo permite eliminar la denominación «gran invalidez», que pasará a ser «complemento de asistencia de tercera persona», un avance en la «sustitución de términos peyorativos como la realizada en la Constitución», según el Ejecutivo.
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