Consumo investiga si las principales cadenas de supermercados aplican correctamente la reducción del IVA

Lo que busca es acreditar que las subidas que se están aplicando desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en los márgenes de beneficio de estos operadores de distribución minorista, una práctica que está prohibida en los productos afectados por la rebaja del IVA «pues su finalidad es, precisamente, conseguir reducir el precio de los alimentos adquiridos por los consumidores finales», recuerdan desde el Ministerio.

La reducción del IVA a determinados alimentos fue una medida del Gobierno (prorrogada hasta junio de este año) en el marco del escudo social para hacer frente al alza de los precios provocados por la invasión rusa en Ucrania.

Consumo ha explicado que la investigación tiene su origen en las denuncias recibidas por parte de asociaciones de consumidores y usuarios en las que se informaba sobre posibles incrementos en los márgenes de beneficios dentro de la distribución minorista en el último año, principalmente en alimentos como las frutas y verduras o el aceite de oliva. También forma parte de la estrategia de transparencia y claridad en la conformación de precios de los alimentos que está llevando a cabo el Ministerio de Consumo, con el objetivo de proteger a los consumidores y medir el impacto positivo de las medidas y políticas públicas adoptadas por el Gobierno.

Dentro de la primera fase de la investigación, Consumo ha pedido a las principales cadenas de supermercados e hipermercados que operan en España información sobre los precios a los que han vendido en los últimos meses los productos objeto de la reducción temporal del tipo del IVA y sobre la evolución del margen comercial o estructura de costes en relación con dichos productos.

En caso de haberse producido algún tipo de infracción, se consideraría un incumplimiento de las normas reguladoras de precios y márgenes, constituyendo una infracción del artículo 47.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre.

Las sanciones podrían rondar los 100.000 euros, o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, para los casos más graves.

FACUA-Consumidores en Acción ha valorado de manera positiva la investigación iniciada por el Ministerio de Consumo. Esta ha sido una de las asociaciones que lleva meses trasladando al Gobierno «incrementos de precios que hacen sospechar de la existencia de aumentos de márgenes», según esta entidad.

Facua apunta a que en uno de los últimos estudios que realizó puso de manifiesto que, de una muestra de 13 tipos de alimentos, en 10 de ellos se habían producido subidas en los supermercados superiores a las que se habían aplicado en origen entre los meses de enero de 2023 y de 2024.

Por su parte, la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, ha incidido en que supermercados e hipermercados aplican correctamente la reducción del IVA a los precios.

Anged asegura que «es un asunto que ya ha analizado en detalle e informado públicamente el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Economía, y los tres han coincidido en que se aplicó correctamente».

La crisis de costes del sector se ha visto «agravada», según Anged, por varios factores, entre los que destacan el aumento de la presión fiscal, las nuevas inversiones en materia ambiental y los nuevos costes de gestión.

En concreto, el incremento de la presión fiscal se ve reflejado en un nuevo impuesto al plástico, así como en la subida de impuestos de los gases para la refrigeración de alimentos, el aumento de las cotizaciones sociales, los recargos en el IVA de bebidas azucaradas y el impuesto de grandes establecimientos comerciales en cinco comunidades autónomas.

A esto se suman las inversiones en cuanto al medio ambiente, materializadas por ejemplo en las obligaciones de reutilización de envases y servicio de retorno, la reserva del 20% de la tienda para la venta a granel o los objetivos de prevención de envases «más exigentes» que la Directiva Europea.

Por último, estarían los nuevos costes de gestión y, entre ellos, se encuentran la inscripción y el registro de envases, los etiquetados desarmonizados con la Unión Europea (UE) o la aplicación de las lenguas cooficiales.