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Finalmente, ha habido fumata blanca. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firmará este miércoles con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para la reforma de los subsidios por desempleo tras el visto bueno de ... los órganos de dirección sindical. Un consenso que llega después de que esta semana ambas partes terminaran de limar un texto, que el pasado mes de enero fue derogado en el Congreso de los Diputados con el voto en contra de PP, Vox y los cinco de los diputados de Podemos, decisivos para que la norma finalmente quedase aparcada. Una rúbrica en la que no estarán presentes los presidentes de la CEOE ni de Cepyme.
En términos generales, la reforma permitirá una subida de la mayoría de cuantías de 480 a 570 euros mensuales, protege a más colectivos al incorporar a víctimas de violencia de género y desempleados menores de 45 años sin cargas familiares, generaliza la compatibilidad del subsidio y la prestación contributiva (paro) con un empleo y mantiene en el 125% la base de cotización de los beneficiarios mayores de 52 años. Este último aspecto fue determinante para que la norma fuera tumbada inicialmente, cuando el Gobierno proponía la rebaja progresiva de la base de cotización para la jubilación de este colectivo: el 120% a partir del 1 de junio de 2024; el 115% en 2025; el 110% en 2026; el 105% en 2027 hasta llegar al 100% en 2028. Podemos rechazó tales condiciones al entender que se trataba de un recorte de la prestación para este colectivo. Ahora, Yolanda Díaz ha cedido a la exigencia de Podemos y se mantendrán las condiciones para los desempleados mayores de 52 años: misma cuantía del subsidio de 480 euros y misma cotización para la jubilación del 125%. Esta vez, todo apunta a que la reforma saldrá adelante cuando llegue al Congreso después de que Podemos haya mostrado su satisfacción con las correcciones realizadas.
Una de las grandes novedades introducidas desde su derogación ha sido la inclusión de nuevos colectivos, con la creación de un subsidio para víctimas de violencia de género, para menores de 45 años sin cargas familiares, emigrantes retornados y trabajadores eventuales agrarios de toda España y no solo de Andalucía y Extremadura. Además, los trabajadores residentes en Marruecos que hayan desempeñado su última relación laboral en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, amparados por autorización de trabajo para trabajadores transfronterizos, podrán acceder a la protección por desempleo de nivel contributivo sin necesidad de acreditar residencia en España.
Por otra parte, una de las grandes novedades es la compatibilidad del paro y el subsidio con un empleo, incluso a tiempo completo, durante 180 días. De esta forma, los parados que lleven más de un año en esta situación y firmen un contrato a tiempo completo podrán cobrar una paga de hasta 480 euros al mes durante un máximo de 180 días, aunque deberán cumplir algunos requisitos, como ingresar un salario no superior a 1.350 euros (el 225% del Iprem), según recoge el anteproyecto de ley.
Respecto a las cuantías, se mantiene la propuesta inicial recogida en la norma anteriormente aparcada en la que durante los 12 primeros meses de percepción se establecían tres tramos: el subsidio será del 95% del Iprem durante los primeros seis meses de cobro (570 euros mensuales con el Iprem actual); del 90% durante los siguientes seis meses (540 euros) y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación (480 euros).
Otras mejoras son la eliminación de los subsidios parciales para quienes trabajen a tiempo parcial, de forma que cobrarán la cuantía íntegra, como si fueran trabajadores a tiempo completo, y se permitirá que las personas con menos de 12 meses cotizados (que son los necesarios para acceder a una prestación contributiva) puedan acceder al subsidio. Además, se ampliará la cobertura al permitir el acceso de las parejas de hecho a la unidad familiar.
Por otra parte, se suprime el plazo de espera de un mes desde la fecha del agotamiento de la prestación contributiva, aunque si éste se solicita seis meses después de haber generado el derecho al mismo, la solicitud será denegada.
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