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Braulio Medel dio ayer explicaciones por primera vez sobre las remuneraciones recibidas como consejero de otras empresas cuando Unicaja era una caja de ahorros. Su intento era apaciguar la crisis interna. El banquero se empleó a fondo para tratar de convencer a los asistentes ... a la comisión ejecutiva convocada especialmente para calmar los ánimos. Para ello se rodeó de todo su equipo jurídico, que durante horas construyó un relato cronológico de su defensa. Los patronos, que intervineron con más frecuencia de lo habitual, expresaron su deseo de ampliar información para aclarar en la próxima reunión del Patronato, prevista a finales de mes, si estos cobros, que entre 2004 y 2010 sumaron más de tres millones de euros, podrían haber incumplido las leyes que regulaban las cajas de ahorros. Estas leyes establecían «dedicación exclusiva» y declaraban incompatible cualquier otra retribución fuera de estas entidades por el riesgo de que se produjesen conflictos de intereses. Así lo advirtió el Banco de España tras una inspección en 2007, cuando detectó que se habían cobrado 305.000 euros en 2006, una cantidad de la que no era posible «concluir que haya cumplido» la ley.
Durante toda la reunión, según diversas fuentes consultadas por este periódico, Medel insistió enque se evitara hablar con la prensa y el asunto quedara en el ámbito interno de la Fundación. A pesar de que es habitual que uno se ausente cuando se debate un asunto que le afecta, Medel permaneció conectado durante las deliberaciones, incidiendo en que todas las remuneraciones recibidas se ajustan a la ley, hecho que incomodó a algunos de los asistentes.
Durante la comisión salió a la luz también que ni el informe del Banco de España ni el requerimiento de la Junta de Andalucía, diez años más tarde, pasaron por los órganos de gobierno de la entidad. La reunión estuvo marcada por las diferentes intervenciones de los patronos, molestos con las tensiones generadas por las últimas informaciones sobre los cobros publicadas por SUR.
El Banco de España recordaba en su informe de 2007 que la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía de 1999 ordenaba que cualquier importe recibido en concepto de representación (como los pagos por la pertenencia a consejos de administración de otras sociedades) debía ser reembolsado a la entidad, en este caso Unicaja. No era la única norma que fijaba la exclusividad de los altos cargos de las cajas de ahorros y la imposibilidad de que cobrasen remuneraciones de otras empresas. También la Ley sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) de 1985 dejaba claro este punto, recordado por un informe del Consejo Consultivo de Andalucía en 2003: «Cuando el legislador prohíbe el desempeño concurrente de otras actividades retribuidas que no sean las que vengan exigidas por la presidencia ejecutiva de una caja de ahorros no lo hace por el hecho de la retribución en sí, sino porque se estima que el ejercicio de tales actividades está reñido con la exigencia de dedicación exclusiva y debe evitarse, en su caso, la colisión de intereses».
Desde la Fundación siempre han alegado que los cobros recibidos por Medel y el resto de la directiva de Unicaja durante su presidencia se ajustaron a la normativa, amparándose en modificaciones legislativas como la introducción en 2002 del artículo 50 bis en la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, punto que deja en manos de la asamblea general las percepciones «dinerarias o en especie» del presidente ejecutivo, y en los propios estatutos de la entidad, modificados en 2005 para dar cobertura legal a estas remuneraciones. Un informe jurídico al que ha tenido acceso este periódico sostiene sin embargo que, en aplicación del principio de jerarquía normativa, «las disposiciones de los estatutos de una caja contrarias a la ley son nulas de pleno derecho».
El informe del Banco de España fue ignorado diez años por la Junta de Andalucía pese a que los inspectores dieron traslado de sus conclusiones a la Consejería de Economía y Hacienda, primero bajo el mando de José Antonio Griñán y luego de Carmen Martínez Aguayo. En 2017, María Jesús Montero envió un requerimiento al que la Fundación respondió solicitando «el archivo de las actuaciones».
Silencio a la derecha y a la izquierda, también en el centro. Nadie quiere pronunciarse sobre las remuneraciones recibidas por Braulio Medel en consejos de administración de otras empresas durante años, cuando el banco aún era una caja de ahorros. Los partidos, siempre dispuestos a politizar cualquier asunto, a utilizar la actualidad como medalla en la propia solapa o arma arrojadiza contra otras formaciones, guardan un mutismo inusual pero no inexplicable. Porque la estrecha relación del Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida y el Partido Andalucista con la entidad se remonta muchos años atrás. Unicaja ha sentado en su consejo de administración a políticos de todas las siglas y ha concedido créditos, avales y garantías a varios partidos y a decenas de sus miembros.
En 2006, según un informe público, Izquierda Unida mantenía préstamos por valor de 2,9 millones de euros de los que 739.000 euros constaban como vencidos, es decir: ya había pasado el plazo de pago acordado. El PSOE arrastraba una deuda con Unicaja de 1,7 millones de euros de los que 65.000 euros habían vencido y el Partido Andalucista, de 86.000 euros, vencidos íntegramente. El Banco de España realizó una inspección ese mismo año, remitida a la Consejería de Economía en 2007, en el que advertía a la caja andaluza de la necesidad de fijar «límites al riesgo crediticio que la entidad está dispuesta a asumir por sectores de actividad, áreas geográficas, grupos económicos o acreditados». Es el mismo informe que dejaba constancia de la imposibilidad de garantizar la legalidad de las remuneraciones recibidas por los directivos de Unicaja como consejeros de otras sociedades, documento que cayó en saco roto en la Junta durante una década.
El análisis de los ejercicios posteriores revela que estos créditos a IU, PSOE y PA se mantuvieron y ampliaron durante años, hasta el punto de que ABC publicó en 2012 que la caja de ahorros había «perdonado» préstamos millonarios a Izquierda Unida, que regularizó sus créditos después de entrar en el Gobierno andaluz. Miembros de todos estos partidos estuvieron presentes en el consejo de administración de Unicaja, que concedió créditos y aportaciones a sus planes de pensiones, a menudo a interés cero, a muchos de estos políticos y en ocasiones también a sus familiares.
La Junta mantiene por el momento la cautela, a pesar de que el informe del Banco de España estuvo diez años guardado en un cajón durante el mandato del anterior Gobierno andaluz. En la Consejería de Hacienda, bajo la batuta de Juan Bravo, se limitan a repetir que no tienen «nada que decir», aunque fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que el consejero ha solicitado información para saber «si hay algo más» y conocer la situación del informe perdido durante una década.
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