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El nuevo 'número dos' del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gonzalo García Andrés (Madrid, 1973), tiene un gran reto por delante: aprovechar los fondos europeos para impulsar la recuperación de la actividad y el empleo, transformar de verdad la economía española y resolver ... sus problemas estructurales.
–Los últimos indicadores económicos y de empleo son positivos, pero la quinta ola ha vuelto a sembrar incertidumbre. ¿Mantiene el Gobierno sus previsiones para el conjunto del año?
–La recuperación en este trimestre está siendo intensa y va en línea con nuestra previsión, que es un crecimiento del 6,5% en el conjunto del año. El empleo va un poco mejor de lo que habíamos anticipado, pero todavía somos muy prudentes y pensamos que es necesario ver lo que ocurre este verano. Respecto a la subida de la incidencia del virus, de momento no hay indicios de que pueda afectar al comportamiento previsto de la economía.
–¿Cuándo recuperará España el nivel de actividad y empleo previo a la pandemia?
–El nivel de actividad prepandemia está previsto que se alcance a lo largo de 2022, hacia el segundo semestre. Pero la idea no es sólo recuperar el nivel de PIB previo sino lo que habríamos crecido en estos dos años de no haberse producido la pandemia; ese hito está previsto que se alcance en 2023.
–¿La recuperación se va a producir a diferentes velocidades según las regiones? ¿Cómo están situadas Andalucía y Málaga en las previsiones del Gobierno?
–No hacemos previsiones regionales, pero vemos que Andalucía y Málaga están claramente siguiendo el ritmo de recuperación. El aumento de afiliación de trabajadores y la caída del paro de Málaga son de los más intensos del país.
–La gran pregunta es: ¿cuándo van a empezar a llegar los fondos europeos a la economía real?
–Este año se prevé que lleguen 19.000 millones de euros. El Plan de Recuperación ya está en ejecución, las convocatorias de inversiones están en marcha y las reformas también. Los fondos se están transfiriendo a la comunidades en el marco de las conferencias sectoriales de medio ambiente, FP, políticas activas de empleo… No tenemos que esperar a que los transfieran de la UE porque están contemplados en el presupuesto, por ejemplo, las inversiones ferroviarias en el Corredor del Mediterráneo o las que tienen que ver con rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Durante el segundo semestre vamos a ver muchas convocatorias a las que podrán acudir los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las empresas e incluso los particulares, porque las ayudas a la rehabilitación se dirigen a propietarios y comunidades de vecinos.
–Málaga, con su economía fuertemente anclada en el turismo, ¿a qué puede aspirar dentro de este reparto de fondos?
–El sector turístico es un sector vital para la economía española que ha sufrido muchísimo y es una prioridad que pueda no sólo recuperar sus niveles de actividad; tiene que mejorar e impulsarse. Los fondos europeos van a generar oportunidades para mejorar la calidad de la oferta, la digitalización y la sostenibilidad de los destinos. Pero además hay otros elementos que también son oportunidades para el sector turístico, como por ejemplo la formación.
–Hay temor en el sector privado de que no se llegue a gastar todo el dinero europeo por falta de capacidad administrativa.
–Para nada comparto ese miedo. La Administración española ha demostrado que es una Administración profesional y tiene voluntad de mejora y de dar servicio a los ciudadanos. La pandemia ha sido una oportunidad para darse cuenta de ello. Había gente que decía que era imposible que se pudieran canalizar los ICO, pero se consiguió. Esto es un desafío, sin duda, y se aprobó el Real Decreto 36/2020 con la idea de hacer ajustes donde haya cuellos de botella porque somos muy conscientes de la necesidad de agilizar la maquinaria administrativa. Pero creo que hay que tener confianza en que vamos a ser capaces de aprovechar esta oportunidad, de canalizar estos fondos y de hacerlo bien.
–En el caso de los 7.000 millones destinados a ayudas directas, sí que han tardado más de lo previsto en ponerse en marcha...
–Efectivamente hubiéramos querido que estas ayudas llegaran antes, pero el hecho es que ya están en marcha y Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más recibe, 1.109 millones, que es un 0,7% de su PIB. Ahora lo fundamental es animar a las empresas y autónomos andaluces a que soliciten estas ayudas, que son un elemento para reforzar su posición de cara a esta fase de recuperación y orientarse hacia todas las oportunidades que van a surgir. Hasta ahora hemos estado en plan defensivo, queríamos ayudar a las empresas viables a sobrevivir en una situación anómala en la que no tenían ingresos. Ahora llegan los ingresos, pero además llegan muchas oportunidades.
–Cada vez que se ha negociado una prórroga de los ERTE, su ministerio ha presionado para agilizar todo lo posible la reincorporación de trabajadores y reducir bonificaciones. ¿Hasta cuándo cree que habrá que mantener estos esquemas de protección temporal del empleo?
–Creo que los ERTE han sido un instrumento de tremenda utilidad y también creo que es fundamental que se vayan adaptando a la situación .No podemos seguir teniendo un grado de involucración pública en los ERTE igual durante este trimestre, en el que vamos a tener un nivel de actividad mucho más cercano al normal, que en el primer trimestre del año, cuando la situación era muy complicada. Los ERTE no van a desaparecer: se mantendrán los que ya están regulados pero además vamos a introducir dos nuevos tipos de mecanismos de flexibilidad para poder reducir el tiempo de trabajo y recualificar a los trabajadores en situaciones de crisis coyuntural o estructural de algún sector.
–La reforma laboral lleva meses negociándose con los agentes sociales sin haberse conseguido acercamientos. La patronal advierte de que restringir la contratación temporal frenará la recuperación, ¿qué opina?
–La temporalidad es una anomalía que tenemos en España. Cuando vemos el nivel de temporalidad de los diferentes sectores y lo comparamos con otros países europeos, vemos que es más alta en todos. Es decir, que tenemos un problema que no es ni del turismo ni de la construcción; es un problema general de nuestro mercado de trabajo. El ámbito de uso de la contratación temporal tiene que limitarse a aquellos puestos que tengan una justificación económica. Y ese es el planteamiento de la reforma, que está bien enfocado. La negociación no va a ser fácil y tendrá sus idas y venidas, eso está claro, pero creo que este diagnóstico es compartido.
–¿Y qué hay que hacer con el salario mínimo? ¿Subirlo ya, como piden los sindicatos y la propia ministra de Trabajo, o esperar?
–Hay que tener un poco de perspectiva. En 2019 y 2020 el Salario Mínimo Interprofesional tuvo la mayor subida de toda la democracia, de casi el 30%. En esta situación en la que las personas que cobran el salario mínimo han sufrido un golpe brutal en términos de empleo, la prioridad tiene que ser que esas personas recuperen el empleo. Lo fundamental ahora es asentar el crecimiento y la recuperación del empleo, sin renunciar a ese objetivo fijado para el final de la legislatura de que el SMI alcance el 60% del salario medio.
–Entre las medidas prometidas a Bruselas hay subidas de impuestos. ¿Cuál es el momento para acometerlas sin entorpecer la recuperación?
–Como he dicho, la prioridad ahora es asentar la recuperación. Más adelante tendremos que tener un plan claro para recuperar el equilibrio entre ingresos y gastos pero todavía no estamos ahí. Lo primero es llegar a una situación lo más cercana posible al pleno empleo. En cualquier caso, en febrero del año que viene tendremos el resultado del informe de la comisión de expertos para la reforma fiscal que nos dará las recomendaciones y las opciones que tenemos para modernizar el sistema fiscal y hacerlo más justo y suficiente.
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