Todos las posibilidades parecen abiertas. La crisis de Muface que mantiene en vilo a 1,5 millones de funcionarios y sus familias cubiertos por este sistema sanitario está a una semana de resolverse. El próximo 15 de enero vence el plazo para que las aseguradoras ... interesadas en prestar este servicio acudan a la nueva licitación del Gobierno pero, al menos de momento, las dudas están más presentes que las certezas.
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Tras el rechazo de Adeslas a presentarse a esta nueva oferta mejorada del Ejecutivo, solo DKV y Asisa optan al concurso. Y la primera se da prácticamente por descartada en el sector, al no estar de acuerdo la firma en algunos puntos de la nueva licitación, como que la subida de las primas se establezcan por tramos de edad, en vez de de una forma lineal como hasta ahora, o que el contrato sea para 3 años, algo que perjudica a la firma en términos de contabilidad, frente a su preferencia por un contrato de un solo año.
La gran duda es si Asisa sería capaz de asumir en solitario el servicio de Muface si finalmente DKV no se presenta a la licitación. «Continuamos estudiando los pliegos para valorar la posibilidad de ir a la licitación», apuntan fuentes de Asisa, que reconocen que entre los escenarios que manejan se encuentra esa posibilidad de que DKV no se presente.
El sistema que incluso está poniendo en duda el propio Gobierno, en una postura contradictoria en la que, aunque mantiene como prioridad sacar adelante el nuevo convenio, abre la puerta a un cambio en el modelo.
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El propio ministro de Función Pública, Óscar López, indicó este miércoles que «hay una reflexión pendiente, posterior, una vez firmado el concierto, para un modelo muy antiguo que acumula ciertas imperfecciones, ciertas cosas que se pueden mejorar».
López se mostró firme además al asegurar que «estamos metiendo 1.000 millones de euros adicionales para financiar Muface, es decir, dinero suyo, mío, de todos los ciudadanos, de los Presupuestos Generales del Estado, para financiar el seguro privado de 1,5 millones de ciudadanos», durante una entrevista en 'Espejo Público'.
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La postura del ministerio no está siendo bien acogida por los funcionarios, que ven peligrar el sistema sanitario por el que buena parte del colectivo está cubierto desde hace cinco décadas. «El ministro no da certezas sobre el futuro de Muface y falta al rigor. Nuestra sanidad no es un privilegio, ni tampoco un seguro privado. Es una condición laboral y recibimos las mismas prestaciones y servicios que el resto de los españoles, con un concierto que ha convivido desde hace años con el resto de la sanidad pública», advertían este miércoles desde CSIF. «Es inaceptable que nos confronte con el resto de la población», añadían, recordando que mantendrán las medidas de presión «para que nuestros empleados públicos reciban una atención sanitaria de calidad».
La tensión entre las partes va en aumento a medida que el tiempo para la firma se agota. Desde el Ministerio siguen defendiendo que las subidas de las primas aplicadas desde la creación de Muface han ido de entre el 0% y el 9%, mientras que ahora la oferta se ha subido al 33,5% -a tres año- ante la reclamación de las aseguradoras, tras su rechazo a la primera oferta que implicaba una mejora del 17% a dos años.
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Cabe recordar que hasta que se resuelva esta nueva licitación, el Gobierno obligará a estas compañías a mantener el servicio durante un máximo de tres meses, hasta el próximo abril, y por un importe de 343 millones de euros.
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