El Consejo de Ministros aprobará este jueves una modificación del Estatuto de los Trabajadores, a fin de incluir en la legislación de forma permanente algunas de las medidas extraordinarias puestas en marcha en las últimas semanas como consecuencia de la terrible DANA que ha ... afectado a Valencia. Se trata de nuevos «permisos climáticos» que se activarán cada vez que una zona de España sufra una catástrofe de consecuencias similares a las lluvias torrenciales caídas el 29 de octubre y que provocaron el cierre forzoso de decenas de empresas en la Comunidad Valenciana.
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En concreto, el Ministerio de Trabajo ha propuesto una norma por la que se habilitan hasta cuatro días por imposibilidad de acudir al centro de trabajo (prorrogables hasta que desaparezcan las circunstancias excepcionales). Son los permisos retribuidos aprobados por el Ejecutivo como consecuencia de la DANA, un derecho que en cualquier caso corre a cuenta de las empresas, que deben seguir pagando los sueldos sin poder obligar a las plantillas a acudir a sus centros de trabajo por imposibilidad de hacerlo, cuidado de familiares, etc. Además, en caso de que sean necesarios más días, las empresas podrían justificar ERTE Fuerza Mayor afrontando con corresponsabilidad pública.
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Miguel Ángel Alfonso
Se trata de una de las propuestas en materia laboral y prevención de riesgos vinculados al cambio climático y las catástrofes. Lo que hará el Gobierno es aplicar una modificación legislativa de los permisos remunerados en el Estatuto de los Trabajadores con un «blindaje de derechos».
Por otra parte, las personas trabajadoras tendrán derecho a ser informadas de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes. También se negociarán protocolos de actuación que recojan medidas de prevención frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos en la negociación colectiva con una obligación para todos los convenios.
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Si hay un riesgo grave e inminente: la empresa estará obligada a informar lo antes posible de los riesgos y medidas a adoptar, así como dar instrucciones para interrumpir actividad que quedará suspendida hasta que remita el peligro.
Además, se crea un nuevo «derecho verde», como lo denomina Trabajo, por el que los sindicatos o representantes de los trabajadores o, en su defecto los delegados de prevención, podrán acordar la paralización de la actividad. En realidad, la novedad reside en la obligación de informar por parte de la empresa. El comité sabrá si lo que va a hacer la empresa les pone en riesgo y conocerán previamente las medidas de actuación que va a adoptar la misma cuando haya una alerta o una catástrofe.
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