El Gobierno detrae 1.000 millones a las eléctricas con temor de demandas

Se trata de la primera actuación del Gobierno en los conocidos como 'beneficios caídos del cielo', esto es, las ganancias que obtienen estas centrales sin necesidad de adaptar su funcionamiento gracias a unos precios del CO2 que se han duplicado en el último año y que elevan el precio de la electricidad (el denominado 'pool') de todo el sistema incluidas las centrales de pantanos y nucleares. Este recorte, que perjudica fundamentalmente a Iberdrola y Endesa, «hay que hacerlo en un momento en el que los costes de generación no se han reducido tras la subida del CO2», ha indicado la vicepresidenta cuarta y ministra par la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Se trata de un hachazo cuyo importe irá a parar a reducir los costes regulados que se incluyen en la factura y que financian las primas a las renovables del la burbuja de 2008. Serán unos 900 millones de euros que deberían detraerse del recibo. Los otros 100 millones irán a parar a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que financien las ayudas a los colectivos 'severos vulnerables' a la hora de afrontar el recibo eléctrico, un grupo que hasta ahora apenas cuenta con 7.000 beneficiados en toda España.

Esta actuación se encontraba prevista dentro del pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para actuar en los 'beneficios caídos del cielo'. Una cuestión que siempre ha sido espinosa en la relación entre el Ejecutivo y las energéticas. Tal es la tensión que genera, que el propio Gobierno es consciente de que «pueden llegar demandas y actuaciones judiciales por parte del sector», admiten fuentes gubernamentales. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Teresa Ribera se ha cuidado de aclarar que «es importante que los inversores tengan en su horizonte todas las garantías» jurídicas, aunque al mismo tiempo estas prácticas «no pueden redundar en los perjuicios a los consumidores».

Ribera ha insistido en varias ocasiones en que las compañías energéticas «mantienen todas las vías abiertas para producir y vender electricidad en un momento de crecimiento de la electrificación en España». Además, ha recordado a esos inversores que «saben que tienen margen de comercialización importante, en un sistema que es estable». En cualquier caso ha recordado que existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2013 sobre una medida similar aplicada hasta 2009, que avala esta actuación.

En cualquier caso, ha admitido que esas demandas pueden llegar. Pero les ha recordado a las compañías sus «compromisos en público y en privado con la sostenibilidad social, ambiental y buena gobernanza». También se ha referido a la posibilidad de que estas compañías aceleren el calendario de cierre previsto en el caso de las nucleares, planteado paulatinamente hasta 2035. Ribera ha negado esta posibilidad recordándoles que «si las cuentas le salían antes, imagino que nada ha cambiado de cara a la rentabilidad de estas plantas con total seguridad», ha indicado. Además, les ha apuntado que «aben que un precio como este es algo dificilmente absorbible para las familias», les ha recordado para justificar el recorte que reducirá una parte del rebibo.

Las estimaciones del Gobierno apuntan a que con esta medida de los beneficios caídos del cielo se puede reducir un 4% de media el recibo de la luz de los consumidores domésticos cada año. En términos cuantitativos, serían unos 2,5 euros al mes.

Pero, además, el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley del Fondo de Sostenibilidad Energética, otra medida para reducir el coste de la factura, que ya pasó por La Moncloa en diciembre del año pasado. Se trata de un sistema que en la práctica supondrá que las compañías comercializadoras energéticas (eléctricas, gasistas e hidrocarburos) asuman una parte de los cargos que ahora se encuentran en la parte fija del recibo de la luz. En concreto, los que sirven para seguir pagando el coste de las primas a las instalaciones de renovables más antiguas, las impulsadas en la burbuja de hace más de una década.

La medida intenta «evitar subidas en el precio de la electricidad», según el Ministerio de Transición Ecológica. Fuentes del departamento dirigido por la vicepresidenta Teresa Ribera calculan que al detraer esta parte de la factura, que deberán sufragar las compañías, su importe se reducirá una media del 13% durante los cinco años siguientes a la puesta en marcha del Fondo. También apuntan que si no se crease este mecanismo, los costes fijos del recibo aquellos que representan hasta un 40% de un recibo mensual) para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%, lo que supondría una subida media del 6,5% en un sólo año. Entre el nuevo Fondo y el recorte a hidroeléctricas y nucleares supondrá una reducción media de la factura del 14% en los próximos cinco años.

Este importe coste recaerá en los centenares de empresas comercializadoras de energía que hay en España, dependiendo de su cuota de mercado. Serán las firmas que venden hidrocarburos, gas y luz -por este orden- las que asuman ese coste, aunque grupos como Iberdrola o Endesa se han mostrado satisfechos al sacar de la factura una parte de los costes ajenos directamente a la electricidad, una de sus históricas reivindicaciones.