Fraude millonario al SEPE: detenidos cuatro funcionarios públicos

El presunto fraude se enmarca entre 2020 y 2024 y entre los detenidos se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias. La investigación arrancó en el mes de diciembre de 2022, tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo.

Se detectó a través del análisis informático el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo, una medida dirigida a fomentar el autoempleo. La Policía descubrió un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros.

Las compras de vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia eran acreditadas mediante facturas falsas. Después, los empleados públicos detenidos hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación.

A cambio de estas labores, los funcionarios recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros. Controlaban el beneficio final a través de empleados bancarios.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo detallaron a Europa Press que en octubre de 2022 la Dirección General del Servicio Público de Empleo puso en conocimiento del SEPE una incidencia de seguridad informática y solicitó una auditoría sobre el uso de información por parte de una empleada que estaba en ese momento de baja laboral.

Tras la auditoría y recabar la información pertinente, en diciembre de 2022 la Comunidad de Madrid interpuso una denuncia contra dicha trabajadora, haciéndose cargo de la investigación la sección de ciberseguridad de la Policía Nacional. Más tarde, el SEPE se sumó a la denuncia.

Por otro lado, los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Seguridad Social revelan que se ha registrado un déficit de 363 millones de euros en los dos primeros meses del año, el equivalente al 0,02% del PIB, tras ingresar en este periodo 31.317 millones de euros, un 7,5% más, frente a unos gastos por valor de 31.680 millones (+10% interanual).

Este saldo negativo de la Seguridad Social se ha producido a pesar de que el sistema ingresó hasta febrero 26.891 millones de euros por cotizaciones, un 8,1% más que en el mismo periodo de 2023 y un 33,8% más en comparación con 2019, último ejercicio no afectado por la pandemia.

El Ministerio hizo también públicos este miércoles los datos del conjunto de 2023, que muestran que los ingresos por cotizaciones sociales subieron un 10,3% en el año, su mayor ritmo desde 2004, hasta alcanzar los 154.633 millones de euros.