El PP despliega su ofensiva autonómica de rebajas fiscales

Ese es el terreno de juego en el que el Partido Popular, claro vencedor de los últimos comicios autonómicos, ha lanzado las primeras reformas para reducir la presión fiscal –salvo excepciones, todo ello centrado en Patrimonio y sobre todo en Sucesiones–, que es desde hace tiempo su principal cartel electoral.

Algunas comunidades ya han aprobado sus medidas, otras las han anunciado y en las próximas semanas habrá nuevas decisiones, en especial en torno a la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF. Si ya era necesario disponer de un GPS tributario para conocer los impuestos de cada comunidad, ahora es imprescindible que esté conectado a una red wifi y que pueda actualizarse en tiempo real.

La estela de la eliminación del Impuesto de Patrimonio –una rareza que se conserva en España pero que todos los países de Europa han eliminado o sustituido por otros tributos– viene de lejos en el ideario popular. La comunidad de Madrid había hecho bandera de ello –con notable éxito en la atracción de contribuyentes con grandes patrimonios, nacionales y también extranjeros– y tras la decisión de Andalucía de bonificarlo al 100% se ha abierto la espita para los gobiernos del PP.

Galicia ya ha aprobado una bonificación del 50% y Extremadura y Murcia han anunciado su deseo de acometerlo en breve. Cantabria se ha sumado esta misma semana con el anuncio de una próxima eliminación que, por razones de vecindad, puede actuar como elemento de atracción para los más pudientes de las comunidades vecinas y en concreto del País Vasco.

Como si hubieran dado la instrucción desde la sede madrileña de la calle Génova, los gobiernos autonómicos populares se han lanzado en tromba a una reducción severa del Impuesto de Sucesiones, en especial cuando la transferencia de los bienes se produce entre familiares de primer grado, entre padres e hijos.

En la práctica han optado por una bonificación prácticamente total en ese ámbito familiar. Valencia, Aragón, Cantabria, Extremadura, Baleares, La Rioja e incluso Canarias –donde PP y Coalición Canaria gobiernan en coalición–, ya han anunciado que se suman a la lista de 'zonas amables' para heredar que ya ocupaban Madrid y Andalucía. En algunos casos, incluso, con reducciones significativas para la transmisión de bienes entre hermanos.

El 'casi gratis total' en el Impuesto de Sucesiones no va a suponer, en cualquier caso, un riesgo de quiebra para las arcas públicas por su escaso peso relativo en los ingresos por tributos. Hasta ahora los ingresos por este tributo apenas han representado el 0,5% de la recaudación total por impuestos en España. Mientras tanto, Asturias y Cataluña se mantienen como los territorios con la factura de las herencias más elevadas y tipos de gravamen del 31,25% y del 29,75%, respectivamente.

Pero estos que se han concretado ya no serán los únicos cambios que veremos en el corto plazo. La etapa que está a punto de comenzar y que llevará a la presentación de los proyectos de presupuestos autonómicos para 2024 incluirá –algunas comunidades gobernadas por el PP ya han mostrado su deseo de seguir esta línea– reducciones en la escala de gravamen del IRPF, la columna vertebral junto con el IVA de la financiación pública. En algunos casos con retoques a la baja de la escala autonómica de gravamen y en los más moderados con una simple deflactación para adaptar la presión fiscal a los efectos perversos de la inflación.

Sin duda el panorama fiscal español se ha enmarañado un poco más, por si no era ya suficientemente complicado. Baste señalar que un documento que publica cada año el Consejo General de Economistas para desmenuzar las diferencias de cada tributo en las comunidades autónomas de España, incluidos los territorios forales de Euskadi y Navarra, tiene la nada despreciable cifra de 441 páginas. En menos que eso, literalmente, no caben.

Esta misma semana responsables del Consejo General de Economistas no han dudado en calificar de «batallitas» este despliegue de anuncios de rebajas de impuestos, tras considerar «excesiva la disparidad normativa». Ya han surgido también algunas voces, el propio Consejo no lo oculta, que apuntan a la necesidad de que el Gobierno central ponga coto a esta desarmonización tributaria en el Estado. Algo así como aplicar la receta del impuesto de grandes fortunas, un café para todos, que puede traducirse en la obligación de aplicar tipos mínimos para todos los impuestos en las comunidades autónomas.

El premio a la audacia creativa en materia de reducción de impuestos, sin duda, hay que adjudicársela al Gobierno de La Rioja que preside el popular Gonzalo Capellán, que junto un retoque a la baja en el tramo autonómico del IRPF y una deducción por los intereses abonados en la compra de vivienda –el 15% con un máximo de 750 euros–, ha hecho un brindis por la mejora de la salud de sus conciudadanos. A falta de una concreción de detalles, el Ejecutivo riojano ya ha anunciado para 2024 una deducción del 30%, con un límite de 300 euros, por gastos en actividades deportivas. Una relajación fiscal no apta para perezosos.