La patronal tacha de «confiscatorio» el Impuesto del Patrimonio

Garamendi, Sánchez-Llibre junto a Íñigo Sánchez de Mesa, también vicepresidente de CEOE, se han reunido este miércoles con el Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, a quien han instado a que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio del 2,5% al 3,5% y se otorga carácter indefinido al tributo.

La organización patronal ha insistido en que el actual entorno de tipos de interés cero o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la crisis de la covid-19, un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio del 3,5% «es distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional». Según ha manifestado Sánchez-Llibre, «los contribuyentes españoles, para poder pagar este impuesto, tienen que vender una parte importante de su patrimonio».

También se ha referido Sánchez-Llibre a la polémica alrededor de las posibles prácticas de competencia desleal en materia tributaria de las que se acusa a la Comunidad de Madrid, por tener este tributo completamente bonificado, y que se quieren combatir armonizándolo en todas las comunidades autónomas: «Eliminando definitivamente este impuesto de la fiscalidad española se acaba con el 'dumping' fiscal sobre este impuesto».

Garamendi, por su parte, se ha quejado de que el patrimonio ya se ha gravado por impuestos previamente, por el IRPF. Por ello, afirman en su comunicado, «se considera que en este caso existe un supuesto de inconstitucionalidad que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico».

«Es por eso por lo que las organizaciones empresariales de toda España pedimos amparo del Defensor del Pueblo en el marco de las actuaciones que tiene esta importante figura como encargado de defender nuestros derechos, velando, en este caso en particular, por la justicia del sistema tributario», concluyen su petición.

El Defensor del Pueblo tiene un plazo de tres meses desde la publicación de la ley cuya inconstitucionalidad se demanda, en este caso, la Ley de Presupuestos de 2021, para pronunciarse, por lo que su decisión no se conocerá hasta finales de marzo o principios de abril. Durante todo este tiempo, el Defensor del Pueblo podrá recibir alegaciones a favor de Patrimonio o a favor de la demanda de la patronal.