El tribunal ordena ampliar la investigación a Repsol y CaixaBank por Villarejo

La Sala de lo Penal ha estimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y de algunas acusaciones y ha revocado el auto de procesamiento dictado por García Castellón en septiembre pasado. También anula el sobreseimiento de las siguientes personas: el ex secretario general de la petrolera Luis Suárez de Lezo; el que fuera director corporativo de Gestión Patrimonial de Repsol, Joaquín Uris; el exdirectivo de esta compañía Juan de Amunátegui; y el ex director general de medios de Caixabank, Antonio Massanell.

El tribunal de la Sección Tercera de lo Penal, presidido por Alfonso Guevara, ha justificado que adopta esta decisión a pesar de que en «todos estos casos» los elementos incriminatorios «son considerablemente más débiles» que los que atañen al grupo principal de investigados, entre los que incluye a los que fueran responsables de seguridad de sendas empresas: Rafael Araújo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank).

La Sala considera que «la falta de diligencias por practicar, que se consideran necesarias para agotar la investigación de los hechos presuntamente delictivos, es incompatible con el mantenimiento de la decisión de continuar por la vía del procedimiento abreviado (procesamiento)», por la que el juez apostó en un auto del pasado 20 de septiembre.

Con el paso a esa fase procesal, se «concluye la fase de instrucción y el cierre impide la práctica de las diligencias» que la Sala considera necesarias, resultando «obligado, por lo tanto, estimar en este extremo los recursos» presentados por uno de los aparente perjudicados por el espionaje de Villarejo, el empresario Luis del Rivero (Sacyr), la Fiscalía Anticorrupción y Podemos (acusación popular en esta macrocausa).

Eso sí, la Sala deja que el magistrado, «con libertad de criterio», tome las decisiones oportunas y fije las diligencias «que estime necesarias» para concluir la instrucción. Esta decisión llega tan solo un mes después de que la propia Sala corrigiese a García Castellón y volviera a imputar a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé.

Entonces, el tribunal sostenía que la investigación practicada hasta la fecha revelaba la existencia de indicios de conductas delictivas calificables como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. En concreto, el encargo elaborado por la empresa de Villarejo, Grupo Cenyt, se habría llevado a cabo «a cambio de un precio que fue abonado por las empresas comitentes» y «que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones».

En 2011, Cenyt elaboró una serie de informes sobre Luis del Rivero, su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo director financiero de Repsol con información reservada y monitorización de teléfonos. Estos datos reservados fueron facilitados presuntamente por el comisario Enrique García Castaño a Villarejo. Cenyt recibió por este encargo abonos con cargo a las sociedades de Repsol y Caixabank por valor de 413.600 euros, de los que 218.900 corresponden a pagos de la petrolera y 194.700 al banco.