SUR
Sábado, 4 de junio 2022, 19:17
Los establecimientos españoles ya tienen la obligación de aceptar pagos en efectivo tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. De este modo, los consumidores tendrán que tener garantizada la opción de elegir ... la forma de pago que más les convenga en cada momento. El artículo 47 de esta norma habla de los casos en los que los comercios pueden ser sancionados. Uno de los supuestos es «la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal».
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Este acto tan rutinario como es pagar con dinero efectivo no siempre estaba garantizado, ante el auge de sistemas de pagos digitales o tarjetas. Pero en el caso de sectores más vulnerables de la población, como pueden ser las personas mayores, el dinero en efectivo sigue siendo su principal recurso a la hora de comprar.
«Con esta normativa, que nace con el objetivo de asegurar la protección de los colectivos o consumidores vulnerables, queda garantizado el uso del efectivo, como un elemento fundamental para blindar sus derechos», afirmó la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, durante su reciente participación en la jornada 'El acceso al efectivo, un derecho universal y barrera frente a la exclusión financiera', organizada por la Plataforma Denaria, asociación para la defensa del efectivo.
La infracción para los comercios o servicios que no permitan el pago en efectivo será de carácter leve, aunque la cuantía económica puede ser desde 150 hasta los 10.000 euros. La infracción podría ser considerada grave o muy grave en determinados supuestos, como si se es reincidente o si se aprovecha de la máxima necesidad de determinados productos.
Hay que tener en cuenta que según los datos la 'Encuesta sobre la necesidad de permanencia del dinero efectivo' el 90% de los españoles se muestra claramente contrario a la sustitución del efectivo por otros métodos de pago y hasta un 87% considera que debe garantizarse al consumidor el pago en efectivo.
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Esta reforma entra en vigor en nuestro país coincidiendo con la valoración por parte de la Comisión Europea de expedientar a España por los límites a los pagos en efectivo establecidos en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que impulsó el Ministerio de Hacienda.
Según esta normativa, vigente desde el pasado mes de julio, no se pueden realizar pagos en efectivo de más de 1.000 euros en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. Un tope «desproporcionado» a juicio del Banco Central Europeo, que emitió un dictamen a este respecto el pasado 15 de marzo
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